Johnny Depp contra Amber Heard es el caso Rociíto de Hollywood, donde habitan las Familias Reales de Estados Unidos. Un jurado ha decretado que el actor ha sido insultado por su anterior esposa en la relación de quince millones de dólares a dos, y pese a lo difícil que resulta describir el trabajo de ambos en términos no denigratorios. La farsa estaría incompleta sin la psicóloga forense que decretó que la presunta actriz sufre “un desorden histriónico de personalidad”, cabría recordar que histriones es el otro nombre de los cómicos, y que la aludida sufre una perturbación del tamaño suficiente para haberse decidido a convivir con el protagonista de Piratas del Caribe. O para haber sido la protagonista de Aquaman. Peor todavía, para haber sido rechazada para el rodaje de la secuela de esa obra maestra. ¿Qué es lo siguiente, condenar a Al Pacino por su tendencia a considerarse un mercader judío en la Venecia medieval?
El juicio ha durado más que los quince meses de matrimonio, y demuestra que lo peor que sucede en Estados Unidos no es la entrega de armas de fuego a discreción a sus adolescentes. Contabilizar como un delito cualquier forma de referirse a la obra de Johnny Depp requiere habitar un entorno angelical, todo el proceso equivale a juzgar el comportamiento de los animales de un zoológico, y a determinar si las dentelladas de la hiena son más tolerables que los zarpazos del tigre.
No se necesitaba un proceso judicial para determinar que el encuadre de Heard en el #metoo es una ofensa gratuita a las auténticas víctimas de la violencia de género. Su peripecia plantea el dilema moral sobre si debe desperdiciarse la misericordia con los fanáticos de bañarse en ríos infestados de cocodrilos, que acaban devorados por un saurio. Y tampoco pueden judicializarse todas las agresiones que recibimos. Me he sentido personalmente agredido por cada interpretación de Depp, un comportamiento contumaz por parte del actor que solventé evitando sus películas. Heard debió consultarme antes de su boda.
