La aparición de la mutación BA.4 y BA.5 del coronavirus, subvariantes de la ómicron, ha provocado lo que ya podemos definir como una séptima ola de infecciones, con un aumento significativo de casi todos los parámetros que nos permiten valorar la incidencia de la enfermedad. Los nuevos sublinajes ya son mayoritarios en Galicia (la mutación representa casi el 90% de los nuevos positivos) y su alta capacidad de infección ha provocado un notable incremento de las consultas en los centros de salud y de hospitalizaciones. Con respecto a hace un mes, el número de hospitalizados casi se ha duplicado (se pasó de 464 a más de 900), con un porcentaje de ocupación del 11% —un punto superior a la media nacional— tras un avance mayor en el arranque de julio. Por el contrario, el comportamiento en las ucis, con una treintena de camas ocupadas por pacientes con COVID, sigue siendo ligeramente mejor en la comunidad, mientras la cifra de visitas diarias a los centros de asistencia primaria se ha elevado debido a los 14.000 pacientes contagiados. Y sigue matando: 133 fallecidos en lo que va de mes en Galicia.
Aunque la monitorización de la enfermedad dejó de llevarse a cabo de manera genérica en cuanto se impuso la política de la llamada gripalización del virus, los datos nos hablan de picos de registros de hasta 900 personas hospitalizadas en un solo día, la cifra más alta desde el 16 de febrero de 2021 durante la tercera ola, aunque con una diferencia sustancial: entonces había 205 pacientes en la uci y ahora entorno a una treintena, por tanto con efectos mucho menos graves. Sin embargo, la veloz propagación de estos linajes sitúa a Galicia como la segunda comunidad con más contagios por las nuevas variantes BA.4 y BA.5.
Es evidente, pues, que el COVID sigue entre nosotros y que conviene recordar en todo momento que sigue siendo una amenaza para la salud pública. Sin embargo, es necesario contextualizar los datos actuales, preocupantes aunque no alarmantes. Los registros globales están lejos de los picos de la sexta ola al igual que la cifra de personas ingresadas en planta y en las ucis. Es decir, poco que ver. La innegable incidencia de la vacunación masiva, el retroceso de la capacidad de mortalidad del virus y la aparición de variantes más contagiosas pero menos agresivas tienen que tranquilizar a una población que, poco a poco, ha ido habituándose a la nueva normalidad, sin más restricciones que las relativas a los transportes o a los centros sanitarios. Los casos más graves, además, se refieren ahora principalmente a personas de edad avanzada con alguna enfermedad de base.
Los expertos insisten en que el COVID acabará siendo una enfermedad respiratoria más, con sus altibajos, pero al mismo tiempo recalcan las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla por la población más vulnerable en espacios cerrados y la aplicación del sentido común en las interacciones sociales ahora normalizadas. Aunque con todas las cautelas, las cifras de nuevos contagios de la última semana, con un tercio menos de casos, indican que se ha podido superar el pico de transmisión que ha elevado las visitas diarias a los CAP, las hospitalizaciones y las atenciones en las ucis. Una circunstancia controlable, pero agravada por dos factores que aumentan la inquietud: el mayor número de bajas entre trabajadores sanitarios, afectado también por el virus y la sobrecarga, y las vacaciones en un colectivo que en estos más de dos años ha llegado al límite.
De hecho, los médicos estiman que la ola de reinfecciones de COVID ha elevado más de un 30% la presión en urgencias en Galicia, en parte por la carga de pacientes que no pueden ser atendidos en primaria y se dirigen a otros servicios. Consecuencia de esa mayor presión asistencial, el Sergas se ha visto incluso obligado a suspender varias operaciones programadas, como por ejemplo ocurrió en el área de Vigo, no así en la de A Coruña.
Al mismo tiempo, Galicia, junto a otras comunidades, han pedido al Ministerio de Sanidad que se adelante la cuarta dosis de vacunaciones a los mayores de 80 años, sin esperar al otoño o a tener vacunas específicas para las nuevas variantes. Todo ello, con el afán de reducir la incidencia en los grupos más frágiles y de evitar un potencial aumento de la actividad hospitalaria, verdadero barómetro de la epidemia. Pero la respuesta ha sido negativa. El Ministerio sí ha aceptado en la comisión interterritorial de salud pública de esta semana la recomendación europea de administrarla a los mayores de 60 años, aunque sin concretar cuándo ni cómo se administrará.
Instalados en un verano radicalmente distinto de los dos anteriores, sin ceder al alarmismo, debemos ser conscientes de la necesidad de mantener la prevención para que los registros actuales no deriven en un hipotético colapso del sistema.
