En el Estado español, el único argumento válido contra el adversario político es la corrupción. La corrupción ajena, por supuesto, ya que la propia acaba por no oler en cuanto la pituitaria esté saturada de apestosos aromas de alcantarilla. Y tampoco hace falta vestirse de astronauta para trabajar en un pequeño recinto cerrado sin mayor incomodidad. Desde el inicio de la Transición, los partidos políticos, principalmente los dos (PP y PSOE) que aspiran a gobernar, vienen acusándose mutuamente de practicar la corrupción. Un juego peligroso porque si diésemos por cierto que tanto los unos como los otros dicen la verdad, llegaríamos a la descorazonadora conclusión de que ambos están corrompidos hasta las cejas. Tal evidencia en los primeros avances de un proceso tan delicado como el paso de una dictadura militar a una democracia liberal puede acabar corrompiendo el sistema entero, sin darle tiempo para que se asiente. Los que vivimos ese espectáculo de cerca y desde sus inicios, tenemos el temor de que, pese a los cuarenta años transcurridos, el andamiaje constitucional se venga abajo por las tensiones a que estuvo sometido. Bastantes de ellas, de una frivolidad irresponsable.
En aquel tiempo, tuve bastante trato con Guillermo Galeote, diputado andaluz del PSOE que estaba muy interesado en descubrir casos de corrupción. Y lo hacía con tanta insistencia, que en más de una ocasión tuve que decirle que en el organismo donde yo trabajaba no había (que yo conociese) asuntos escandalosos. Excepto el de las supuestas consignas emitidas desde la dirección técnica de MCSE, que ocupaba Donato León Tierno, sobre el referéndum de Andalucía. El País se hizo eco de ello, la dirección técnica de MCSE lo negó y el periódico de Prisa contraatacó publicando el texto del escrito en cuestión. El escándalo tuvo resonancias madrileñas. El director gerente del Organismo Autónomo, el periodista asturiano José Ramón Alonso, aprovechó la invitación a una cacería en África para ausentarse. Galeote nos anticipó que iba a preguntar al Gobierno en el Congreso por el paradero de Alonso. “Seguramente se ha ido a África a cazar leones tiernos”. Se le veía muy satisfecho con el juego de palabras.
No vamos ahora a dar la lista de los casos de corrupción, ni siquiera de los más sonados, porque necesitaríamos varios tomos de un listín como aquellos que repartía Telefónica, Pero las acusaciones por corrupción no cesan. La sentencia del Tribunal Supremo que condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a entrar en prisión por seis años como autor de un delito de prevaricación y otro de malversación, a ocho altos cargos por el mismo periodo de tiempo y por diversos delitos, y al expresidente de la Junta Manuel Chaves a once años de inhabilitación fue aprovechada por el nuevo presidente del PP, Núñez Feijóo, para calificar el llamado caso de los ERE como el mayor caso de corrupción de la etapa democrática. Una afirmación que desde el gobierno de Sánchez se calificó de cínica después de que otra sentencia hubiera condenado al PP por financiación irregular, lo que sirvió de pretexto para la moción de censura contra Rajoy. Lo dicho, la corrupción es el supremo argumento. Quizás el único.
