La gran oleada de inflación que nos golpea, con una intensidad que ya no recordábamos, nos obliga a ocuparnos con preocupación de asegurar el poder adquisitivo de los más desfavorecidos, de quienes podrían decaer en la extrema necesidad e incluso en el hambre física. Y, como siempre, nos encontramos a dos colectivos débiles: los pensionistas, que ya no tienen capacidad de presión ni una voz potente con la que hacerse oír, y los más jóvenes, que aún no han encajado en el mercado laboral y en muchos casos no disponen del cobijo familiar que podría acogerlos y protegerlos.
Y de nuevo se plantea el dilema: ¿es razonable que los pensionistas sean los únicos que verán actualizados sus ingresos con el IPC?
La respuesta admite matices. De un lado, es evidente que una sociedad sana no puede empeorar estructuralmente las condiciones de vida de los pasivos, que merecen una jubilación digna y sin mermas ni sobresaltos. La garantía de estabilidad ha de ser absoluta, sin perjuicio de que se estreche poco a poco el arco retributivo para elevar las pensiones mínimas hasta al menos el salario mínimo.
De otro lado, sería necesario un tratamiento social y fiscal diferenciado de la juventud, no tanto con ayudas dinerarias cuanto con instrumentos de integración que permitan a los jóvenes ingresar en la vida laboral, adquirir autonomía e iniciar una carrera profesional con más certezas que las actuales. En definitiva, la sociedad debe volcar su solidaridad hacia ambos extremos, sin generar rivalidad entre ellos y con toda la intensidad necesaria para que la vida no expulse del camino ni a quienes empiezan ni a quienes concluyen la andadura.
