Dos noticias del viernes. Una, los precios de la electricidad superan los máximos anteriores debido al fuerte calor de este verano y la disrupción en el suministro de gas generada por la invasión de Ucrania. Dos, el canciller Scholz se declara partidario de un gasoducto que una España con Alemania a través de Francia.
Este proyecto, que tardaría bastante en ser operativo, muestra la angustia alemana ante la posibilidad de que Putin corte en otoño el suministro de gas. Y así el proyecto Midcat, que estaba olvidado porque Alemania vivía cómoda con el gas ruso, Francia con su nuclear y España (Teresa Ribera) creía que el único futuro eran las renovables, manda en todas las portadas.
Vamos a lo esencial. Berlín tiene miedo justificado al corte del gas ruso. El Nord Stream-1, principal gasoducto con Rusia, funciona ya solo al 20% y Putin cree que el corte total podría ser un arma disuasiva contra las sanciones occidentales. Causaría una gran recesión en Alemania, que se extendería a toda Europa y el precio del gas licuado de otros países subiría y aún la perjudicaría más. Ante este serio peligro la Comisión de Bruselas, presidida por la alemana y miembro del PP europeo Ursula von der Leyen, decidió a fines de julio que todos los países debían ahorrar un 15% de su actual consumo de gas. Pero España, por su gran capacidad de importación de gas licuado, logró que su recorte fuera solo del 7%.
Y el 1 de agosto el Gobierno publicó un decreto, que no podía ser popular, para imponer límites a la refrigeración y calefacción y el apagado de los escaparates comerciales a las diez de la noche. Claro que era improvisado y podía ser mejor, pero era urgente y no podía demorarse, porque España —beneficiaria de la solidaridad europea— no podía remolonear discutiéndolo con 17 autonomías. La sorpresa no fueron las quejas —comprensibles— sino que Isabel Díaz Ayuso proclamara la insumisión —“Madrid no se apaga”—, aunque luego rectificó: cumplirá, pero recurrirá al Constitucional.
El PP apoya el recurso de Ayuso, aunque varias de sus autonomías no lo interpondrán. Y Feijóo, que ha sido discreto, debe pensar que le conviene no dividir al partido y no dejar que la protesta sea capitalizada por Vox. Aunque contradiga una directriz impulsada por una relevante política del PPE.
Y así hemos entrado en una áspera batalla que en un sistema autonómico (federal, poco ordenado) y con unos tribunales muy politizados puede acabar de cualquier manera. De momento, dificulta unas medidas necesarias. ¿Por qué esta sensación de inseguridad y desgobierno, que ya se vivió con las medidas contra la pandemia? Porque un sistema autonómico exige lealtad constitucional, virtud casi imposible si los líderes del PSOE y del PP, que controlan respectivamente ocho y seis autonomías, viven en guerra permanente. Sin cooperación de los dos grandes partidos el sistema se atraganta.
Probablemente, una llamada previa de Sánchez a Feijóo habría encauzado las cosas e impedido el discurso populista de Isabel Díaz Ayuso. Pero no hay entre ellos la mínima confianza. Sánchez cree que Feijóo no la merece porque sigue sin renovar —dos años después del plazo— el Consejo del Poder Judicial. Y prefiere que Feijóo se atrinchere en la derecha y le cueste más morder en el centro.
Y Feijóo cree que Sánchez ningunea a propósito al líder de la oposición y opta por ir a remolque de las protestas, para ni tener problemas internos ni engordar a Vox. Y una inflación del 10,8%, cuando los salarios suben en convenios un 2,5%, es terreno fértil para el malhumor.
Todo tiene lógica, pero si el sistema autonómico provoca continuos litigios constitucionales en la España española, cómo será respetado en Euskadi y Cataluña, con Ejecutivos que quieren desbordarlo. Aunque parece que, esta vez, Urkullu y Aragonès son menos insumisos que Ayuso.
Muchos sostienen que la política es implacable y que un político ambicioso debe estar dispuesto absolutamente a todo —incluso a matar a su madre— para seguir en el poder. O para conquistarlo. Quizás pero, en todo caso, esta guerra hispano-española, como caritativamente la define el hoy comisario europeo Josep Borrell, no beneficia a la estabilidad. ¡Peor para los ciudadanos! ¿Mejor para los líderes?
