La decisión firme del cierre programado de las centrales nucleares españolas ya no puede gestionarse arbitrariamente sino que cualquier cambio de opinión habrá de someterse a criterios técnicos y de racionalidad económica que soporten el proceso. Es obvio que la crisis energética sugiere la posibilidad de aplazar el cierre programado de unas centrales nucleares que hoy no son sustituibles. En Alemania se maneja esta opción, y también en España la oposición la reclama.
En Alemania, donde todavía funcionan tres reactores nucleares, ya no es posible técnicamente prolongar su funcionalidad. El propio Scholz, preguntado al respecto, afirmó hace poco que si se pudiera, no vería con malos ojos prolongar su vida “dos o tres años”. Pero, dijo, tienen “barras de combustible” suficientes solo hasta fin de año y se tardaría entre 18 meses y dos años en conseguir más. España, embarcada igualmente en un plan para clausurar los siete reactores nucleares que hoy están en funcionamiento, tendría problemas semejantes si decidiera cambiar de opinión. Según lo planeado, dos se clausurarán en esta década: Almaraz I (2027) y Almaraz II (2028); los otros cinco, en la década de los treinta: Ascó I (2030), Cofrentes (2030), Ascó II (2032), Vandellós II (2035) y Trillo (2035). Así lo recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021- 2030 (PNIEC) y así lo desarrolla el borrador del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos.
Es posible, qué duda cabe, revisar esta planificación. Pero sabiendo que, además de necesitar el combustible requerido, nuestras viejas plantas, todas al final de su vida útil en el momento del cierre planificado, requerirían una modernización que podría costar lo mismo que la construcción de una planta nueva y que necesitaría al menos una década para realizarse. Francia está actualmente sumida en la renovación de su gran viejo parque nuclear, y, de entrada, ha tenido que nacionalizar del todo su empresa eléctrica, EDF, porque el sector privado residual no se embarcaría en modo alguno en un negocio tan ruinoso. Y Macron confía ahora en que Bruselas le pague la mayor parte de la operación. No cabe, en fin, que el PP proponga legítimamente prolongar la vida de las centrales sin aclarar al mismo tiempo cuánto dinero público está dispuesto a pagar y qué piensa hacer en el largo impasse en que las centrales se hallen paradas y en reconstrucción. Quizá llegue a la conclusión de que es mucho mejor, más rápido y más barato hacer un gran esfuerzo en energías renovables.
