Buenos días, queridos y queridas. Septiembre nos ha traído ya dos cosas buenas, y por ello déjenme que dedique especialmente estas líneas a los escépticos y descreídos de las bondades de este beatífico mes. La primera, la lluvia. Que sí, que no se me ponga nadie triste por ello. Las precipitaciones, aunque por ahora un tanto tímidas, nos regalarán muchas satisfacciones, desde muchos puntos de vista. O, si lo prefieren, nos ahorrarán muchos problemas, unos reales ya y otros todavía potenciales. Ojalá continúen en las semanas próximas, que falta harán para que se recupere el nivel de los acuíferos, podamos respirar tranquilos, y nuestra verde Galicia abandone definitivamente una impostada coloración amarilla de muchos de sus parajes naturales.

El segundo de los presentes que nos trae este noveno mes del año es la corrección de una injusticia histórica, aunque los pasos dados constituyan únicamente un inicio, que —tal como marca el artículo 86 de la Constitución— necesitará su correspondiente convalidación por parte del Congreso. Me refiero a la equiparación plena de las empleadas de hogar —mayoritariamente mujeres— con el resto de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a sus derechos laborales, que antes les eran negados en buena parte. “Ah, ¿pero antes no era así?”. Pues no, claro que no. Antes no tenían derecho a la prestación por desempleo, y era posible despedirlas mediante desistimiento del servicio por la parte contratante. Ahora aparece el derecho a la prestación, por un lado, y un despido que tendrá que ser justificado para ser procedente. Y que, en cualquier caso, se regirá por el marco de indemnizaciones reglamentarias para cualquier otro contrato. Como tiene que ser.

Si lo negamos, entonces estaremos aceptando que hay en nuestro contexto trabajadores de primera y de segunda categoría. Personas con derechos y personas que… no los tienen. Y eso no resiste la más mínima revisión ética y no puede producirse en un Estado de Derecho, como entendió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero, con una sentencia en la que consideraba claramente discriminatoria la ley española por no reconocer tales derechos. Y es que, tomen nota, son casi cuatrocientas mil las personas afiliadas al Régimen del Hogar en el país, algo más de veinticuatro mil en Galicia, que ven así que su panorama laboral mejora. Algo que nos tiene que alegrar a todos y a todas, independientemente de que pueda ir en contra, en un momento dado, de nuestros propios intereses. Y es que, repito, es una cuestión de ética y de justicia ya demasiado tiempo pasada por alto.

Muchos de los comentarios hoy tienden a minusvalorar el efecto de esta necesaria medida, afirmando que son muchas las trabajadoras que no se podrán beneficiar de la misma, por carecer de contrato y, consecuentemente, por ser pagadas de forma irregular. Triste realidad. Pero queridos y queridas, ese no es un defecto de la norma, ni mucho menos. Es la consecuencia de una mala praxis por determinadas personas, que tendrá que ser perseguida de la forma que marca la ley. ¿Acaso no existe una Inspección de Trabajo? Pues algo tendrá que decir en aquellos supuestos en que se vulnere lo vigente en materia de contratación, en este sector y en todos los demás. Ese es otro tema, bien diferente al que ahora empiece a plantearse, negro sobre blanco, con este avance —necesario y esperado hace ya mucho tiempo— hacia una sociedad más justa.

Les dejo. Cuídense. Sigan disfrutando septiembre, mes mágico. Yo a ver si consigo que me caiga encima una buena lluvia corriendo por el bosque. Algo que no está asociado a los resfriados, la gripe u otras infecciones víricas, ni lastima. Más bien todo lo contrario. Un verdadero ejercicio de hormesis, de esos que nos refuerzan. Que tonifican y que nos hacen sentir en nuestro ínfimo lugar en medio de la naturaleza.