En épocas de crisis, en los que se incrementa el índice de riesgo de pobreza por lo que aumentan las situaciones de grave necesidad, lo lógico es que el Estado ayude a los desfavorecidos incrementando como sea sus rentas disponibles de forma que salgan de la situación de indigencia. Para ello, si no quiere incrementar en exceso el déficit público, es aceptable que los impuestos directos reduzcan la tarifa en los tramos de rentas más bajas y la eleven en los de rentas más altas, que habrán de aumentar así el sacrificio fiscal. Con la particularidad de que quienes más beneficiados saldrán de esta política son los que ya no pagan impuestos porque su renta no alcanza siquiera el umbral inferior. No es este el caso de la reforma impulsada por Ximo Puig, que rebajará los impuestos a las rentas inferiores a 60.000 € (más del 90% de los contribuyentes, prácticamente a todos) y no distinguirá las rentas del trabajo de las del capital.
Otra cosa muy distinta es la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, que solo pagan las rentas altas, por lo que se está haciendo un puro y simple regalo fiscal a las 20.000 familias más ricas de Andalucía. El concepto “bajar impuestos”, que tanto cotiza en estos tiempos, se convierte en este caso (y en otros) en un lamentable peaje del poder político a las clases privilegiadas. Un regalo que impedirá, seguramente, que se ayude fiscalmente a los más necesitados.
Estas líneas solo pretenden ser aviso a navegantes. Bajar impuestos no es un fin en sí mismo ni un bien absoluto, entre otras razones porque los recursos públicos son indispensables para financiar el estado de bienestar. Y hay una gran distancia entre las mejoras a la redistribución de la renta para integrar exclusiones y los favores fiscales a las élites que tanto influyen en el reparto del poder político y social.
