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Joan Tapia

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Joan Tapia

¿Ximo Puig contra Pedro Sánchez?

En 2010 un presidente autonómico socialista acudió a la Moncloa. Estaba preocupado por la gravedad de la crisis, que podía castigar al PSOE en las autonómicas y legislativas de 2011. El visitante se sorprendió cuando Zapatero le espetó: “No, tú vas bien, tu problema soy yo, por los recortes”. Y Zapatero cedió el liderazgo a Rubalcaba.

Han pasado 12 años. Sánchez es más resiliente, su imagen no ha caído tanto y cree que ganará a Feijóo a finales de 2023. Pero, salvo sorpresa, las elecciones autonómicas serán en mayo y hay presidentes socialistas que creen que para ser reelegidos les conviene no romper, pero sí tomar distancias con Sánchez. Creen que, en su comunidad, son más apreciados.

Tras Andalucía (mayoría absoluta del PP) y el verano, los presidentes socialistas tienen la mosca tras la oreja. La semana pasada Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se separó de Sánchez al criticar las “malas compañías” del pacto con Podemos. Pero este martes el desmarque de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana dos legislaturas, ha sido más brutal. Porque la Comunidad Valenciana, que hasta 2015 era territorio PP, es la más importante que conserva el PSOE, Ximo es el barón socialista con más personalidad y porque no ha dado un mamporro a lo Page, sino que, en gran parte, ha enmendado toda la política fiscal del Gobierno.

Una inflación del 2% o el 3% no obliga a revisar el IRPF porque la distancia entre precios y salarios es pequeña. Pero un disparo de la inflación al 10%, sin corrección visible a corto, y unos salarios que en convenios crecen menos del 3% lo cambia todo. Y rebajar algo el IRPF (lo ha hecho el Gobierno vasco del PNV y el PSOE) puede aliviar la situación de muchas familias. Por eso Núñez Feijóo, que quiere que las autonómicas consagren la ventaja que lleva en las encuestas, ha propuesto deflactar la tarifa del IRPF y muchas comunidades del PP lo harán en el tramo autonómico.

Puede ser un reto serio allí donde las encuestas están ajustadas. En Valencia, Ximo Puig puede ganar y puede perder. No tanto por el PSPV, que se mantiene, ni incluso por Compromís, pero sí por Podemos que, con un 4% o un 4,5%, puede no entrar en el Parlamento. Y Puig ha cogido el toro por los cuernos. No quiere una campaña en la que el PP presuma de bajar el IRPF y él quede diluido en la estrategia de Sánchez. La solución, bajar el IRPF hasta los 60.000 euros (más que el PP) y también las deducciones, pero no tocar sucesiones ni patrimonio para no ir a remolque de Feijóo. Veremos lo que acaba pasando, pero ya ha tomado la iniciativa y se ha distanciado de la política del Gobierno de Madrid.

Además, Ximo piensa que, si vuelve a ganar, al PSOE puede irle bien en las generales. Por el contrario, si se pierde Valencia, las legislativas irán peor. En Valencia y en toda España. Por lo tanto, Sánchez puede cabrearse y María Jesús Montero, ministra de Hacienda y la segunda del partido, todavía más, pero, al final… tendrán que tragar. Ximo tiene personalidad propia, quiere aumentarla y, además, está quejoso (es una comunidad mal financiada) del trato recibido de Madrid.

¿Cómo hemos llegado a este punto? Claro, el PP quiere ganar las autonómicas y las legislativas. Y Sánchez no ha tenido en cuenta que, con una inflación del 10% y perspectivas muy inciertas, la fiscalidad no podía ser un muy polarizado campo de batalla entre los dos grandes partidos. Convenía alguna entente con el PP que gobierna muchas autonomías.

Una carrera loca a bajar impuestos puede —cierto— reducir los ingresos y aumentar el déficit. Y no sería bueno, porque la deuda pública, aunque inferior a la de Italia, es una de las más altas de Europa. Pero se está viendo que la contención fiscal es imposible con el PSOE y el PP en una muy caliente guerra fiscal.

Lograr algún consenso con el PP, en el que ambos sacrificaran algo de ideología (hoy el BCE aconseja gravar más a las rentas más altas para financiar el gasto social) habría sido mejor. E incluso permitido que se extinguiera el impuesto del patrimonio, que no existe en ningún país de la UE, que ya liquidó Zapatero, recauda muy poco (1.200 millones), es una doble imposición anual y no ayuda a la cohesión territorial, pues Cataluña paga el 45% del total.

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