Si tuviera que calificar la presente legislatura diría que está resultando “continuadamente inestable”; es decir, al ser la mayoría en el Congreso de los Diputados puramente aritmética y formada por partidos de muy diferente ideología, la conforman invariablemente, porque siempre les resulta más ventajoso apoyar al gobierno de coalición que retirarle el soporte parlamentario. Las ventajas para estas formaciones son esencialmente dos: la contrapartida concreta que obtienen en cada ocasión a cambio del correspondiente apoyo parlamentario y la general y permanente que consiste en que para todos los aliados la mejor de las situaciones políticas posibles es que dure lo más posible el gobierno de Sánchez, persistiendo en su idea de mantenerse a toda costa en La Moncloa para lo cual precisa conseguir la mayoría parlamentaria aritmética.

La situación de inestabilidad, que como digo, existe desde el comienzo de la presente legislatura, tiene dos características: da lugar a “peticiones encadenadas” por parte de los que prestan su apoyo y los aliados son como “un pozo sin fondo”. En la legislatura actual no se pactó, de una vez y para toda ella, un apoyo permanente a cambio de un precio único y a tanto alzado, sino que se convino en pactar apoyos puntuales y a cambio en cada uno de ellos de contrapartidas concretas. Es como si las contrapartidas fueran un racimo de uvas y cada vez que el gobierno precisase sus votos los aliados se fuesen comiendo una uva del racimo. Y justamente por ser como un pozo sin fondo, aunque se hayan tomado ya muchas uvas siempre les queda alguna por pedir porque no se han saciado con las ya conseguidas.

A lo que antecede cabría añadir que, aunque los aliados tienen el vicio adictivo de pedir, el gobierno, lejos de ejercitar frente a ellos la virtud de no dar, muestra una generosidad casi ilimitada, sin que —y esto me parece especialmente grave— se detenga a valorar políticamente las consecuencias de acceder a las peticiones de los aliados “chupones”. Por otra parte, toda esta política de pactos con “contrapartidas” suele mantenerse reservadamente, al menos por parte del gobierno para el que suele ser ominosa, hasta que al aliado receptor en cuestión le interesa hacerlas públicas para dar a conocer a sus votantes lo mucho y bien que ordeñan a la vaca-Estado.

En los últimos tiempos, el gobierno ha concedido dos contrapartidas que afectan gravemente al funcionamiento del Estado: la obligatoriedad de impartir en Cataluña un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano y la prohibición de actuar de los servicios de Inteligencia e Información con respecto a la vigilancia de los partidos independentistas vascos y catalanes.

En efecto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en unas recientes declaraciones a la TV3, desveló que uno de los pactos que convino con el gobierno en la Mesa de Diálogo fue que éste no recurriría la normativa catalana, aprobada a mediados de este año, que sortea la obligatoriedad de impartir un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas, tal y como ordena una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pues bien, al actuar de este modo, el gobierno no solo incumplió el artículo 9.1 de la Constitución (los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico), sino que obstaculizó el ejercicio de la potestad jurisdiccional de los juzgados y tribunales, contraviniendo el artículo 117.3 de la Constitución que dispone que les corresponde a éstos juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Esta insólita postura del Gobierno contrasta, por ejemplo, con la enérgica postura mantenida recientemente por el líder de la oposición, Núñez Feijóo, en el debate con el presidente del Gobierno en el Senado, el cual le aseguró a Sánchez: “Yo no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender español en España”, en referencia a que el PSC pactó con los independentistas una ley para sortear la sentencia que obliga a que el 25% de las clases sean en castellano en las aulas catalanas.

Por si lo anterior fuera poco, nos acabamos de enterar que el presidente del gobierno ordenó a los servicios de Inteligencia e Información del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) que abandonasen cualquier investigación sobre el independentismo vasco y catalán —solo se controlaban aquellas actividades que podían suponer un riesgo para la unidad nacional—. Lo cual ha supuesto desarmar al Estado frente a la “amenaza real y potencialmente desestabilizadora”, de los partidos catalanes secesionistas. Esa instrucción es el pago del Ejecutivo a sus socios independentistas desde que se conociera que el CNI, en el marco de sus funciones y con autorización judicial, había utilizado el programa Pegasus para investigar a 18 de los líderes independentistas.

Entramos en plena fase de la negociación para la aprobación de los Presupuestos Anuales del Estado del año 2023 y no tardará mucho en abrirse una nueva ronda de petición de “uvas” porque todavía quedan en el racimo. Me temo lo peor. Desde que gobierna el Ejecutivo actual se está vulnerando el principio de la “solidaridad interterritorial de todas las Comunidades Autónomas”, ya que los partidos vascos y catalanes no dejan de pedir mejoras para sus territorios que hacen saltar en pedazo ese principio. Y conviene recordar que la solidaridad es “el corolario de la autonomía” (STC 25/1981), pues ésta “no se garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la Nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia entidad (STC 64/1990).