Las últimas encuestas nos indican que el PSOE ha reducido de forma considerable su ventaja electoral sobre el PP. Tiene sentido, porque la partida está lejos de haber terminado. En la corta historia de nuestra democracia, los populares jamás han llegado al poder —gobernando la izquierda— sin una profunda crisis económica. Es el dinero, y sólo el dinero, lo que explica en España el desplazamiento súbito de votos y la alternancia en el gobierno de la Nación. Este sería el principal argumento favorable a un cambio en las próximas elecciones generales, previstas en principio para el otoño de 2023 o, a más tardar, para diciembre o para enero de 2024. Sin embargo, la actual crisis presenta características especiales y el impacto de su avance resulta difícil de predecir. Para empezar, nos retrotrae a la década de los setenta —hace ya medio siglo— por el cariz inflacionario. A la inflación se la llama —y con razón— “el impuesto de los pobres” porque, punto a punto, año tras año, como una fiebre que no remite, va reduciendo los salarios y los ahorros a calderilla. Los españoles son mucho más pobres hoy que antes de la entrada en el euro, pero lo seremos más aún en el futuro si no somos capaces de revertir el estancamiento de nuestra renta per cápita y de incrementar significativamente nuestra competitividad. La inflación, no obstante, favorece algún que otro espejismo no menos decisivo. Por ejemplo, disminuye las repercusiones de la deuda pública y privada, en un momento en que ambas se habían vuelto casi inmanejables para los gobiernos. De ahí que los mandatarios europeos hayan optado por la barra libre del gasto a fin de compensar sus consecuencias (en un escenario deflacionista, no se lo habrían podido permitir con la misma alegría). Y, por otra parte, el alza de precios provoca un cierto efecto riqueza en las cuentas de las empresas —que venden más caro— y de los salarios —que suben más que antes—. Quiero decir que el rostro más sombrío de una crisis inflacionaria no se manifiesta en el primer minuto. Mientras haya barra libre y sigan comprando nuestras emisiones de deuda, Sánchez contará con una poderosa munición electoral. Y Feijóo no ha tardado en descubrirlo.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos —poco importa su color político, que sean de derechas o de izquierdas— han entrado en una campaña de gasto similar a la del gobierno central: se reparten bonos y obra pública, se rebajan impuestos y tasas, se financian campañas publicitarias y las administraciones públicas contratan nuevo personal (lean los datos de la última EPA). Y es posible incluso que, alimentados por los ingresos extra de la inflación, los números salgan. A corto plazo, por supuesto. Porque ya llegarán las vacas flacas, que son el reverso de la situación actual.
Llegado el momento, los mismos responsables del desaguisado culparán a la oposición de tomar unas medidas de contención que podrían haber adoptado ellos mismo a un coste mucho más bajo. Y nos veremos forzados a asumir unas reformas dolorosas que también tendríamos que haber adoptado hace mucho tiempo. La historia económica de nuestro país se resume en dos décadas perdidas. Pero esto no parece importarle a nadie. Y menos a los que nos gobiernan y se juegan su futuro en los próximos meses.
