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José Manuel Otero Lastres

El impuesto a la banca

El Gobierno de España ha decidido imponer un nuevo impuesto a los bancos, a las grandes compañías energéticas y a los “ricos” (el llamado impuesto de la solidaridad) con el fin de obtener nuevos recursos que permitan contribuir al sostenimiento de los gastos públicos derivados de la crisis energética y de la guerra de Ucrania. Con el primer impuesto se espera recaudar unos 1.500 millones de euros, con el segundo 2.000 millones y con el tercero otros 1.500 millones de euros. Al justificarlos, el presidente del Gobierno señaló: “Necesitamos compartir el peso de esta crisis con justicia, y no como la última, que cayó sobre los más vulnerables”. De estos tres nuevos impuestos solo voy a reflexionar sobre el de la banca.

Como era de suponer, el citado gravamen no gustó a las entidades de crédito y no tardó en ser criticado. Así, un Informe el Instituto de Estudios Económicos (IEE), elaborado por expertos en derecho financiero y tributario, sostiene que la propuesta tal y como fue presentada, además de suponer un fraude de ley al eludir trámites parlamentarios esenciales para aprobar un impuesto, presenta graves problemas desde el punto de vista constitucional y puede vulnerar elementos esenciales del Derecho Comunitario.

El Banco Central Europeo también criticó el impuesto a la banca en un dictamen en el que afirma que hay serias dudas sobre que la banca no acabe trasladando el coste del impuesto a los clientes. El BCE señala que el nuevo impuesto podría “limitar la capacidad de la banca de conceder crédito, empujándola a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes al conceder préstamos y otros servicios”. Por todo ello, el BCE “recomienda que la propuesta legislativa vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas, y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de crédito”.

En su Informe, el BCE menciona otros dictámenes anteriores, elaborados entre los años 2016 y 2020 sobre impuestos a la banca en otros países europeos. Seguramente por eso, el ministro español José Luis Escrivá, que fue jefe de la División de Política Monetaria del BCE entre 1999 y 2004, le restó importancia al dictamen asegurando que el supervisor europeo había hecho “un corta y pega” de un “tipo de informe normalizado”. Por otro lado, y como el dictamen no es vinculante, el Gobierno español ha avanzado que mantendrá su impuesto.

Todos ustedes saben que para un articulista una de las maneras más fáciles de tener éxito con los lectores es escribir a favor de la corriente. Razón por la cual, al estar actualmente bastante difundida la opinión de que los bancos son enemigos de los ciudadanos, lo mejor para ganarse al público es zurrarles la badana. Pero como pienso que hay que escribir, no para cosechar aplausos, sino para decir lo que de verdad se piensa, voy a tratar de desmitificar la supuesta “maldad” de los bancos., aunque con ello pueda irritar a más de uno.

De entrada, conviene detenerse en dos ideas importantes: quiénes son los bancos y en qué consiste básicamente su actividad. El banco (que no los banqueros) es una gran sociedad anónima, cuyos dueños son, como en todas ellas, los accionistas. Al financiarse acudiendo al ahorro popular, entre sus accionistas figura una multitud de pequeños ahorradores que invierten dinero comprando acciones para recibir cada año el dividendo que reparte el banco. Como las acciones son acumulables, los que más reúnen suelen gobernar el banco desde el consejo de administración (éstos son los banqueros), de acuerdo con el principio configurador de la sociedad anónima de que manda más quien más acciones tiene porque es el que arriesga. Forman parte también del banco sus trabajadores, quienes desde sus distintas responsabilidades son los llamados a desarrollar diariamente la operativa del negocio. Finalmente, y en cierto modo, son asimismo “banco” los ciudadanos que tienen sus ahorros depositados en las cuentas bancarias.

La actividad principal del negocio bancario es intermediar en la circulación del dinero. Los bancos captan dinero de los ciudadanos a cambio de un interés y lo prestan después a los que lo necesitan, cobrándoles un interés superior al que paga el banco a sus depositantes. En la diferencia entre lo pagado por el dinero captado y lo cobrado por el dinero prestado reside una gran parte del negocio bancario.

Se comprende, pues, que es esencial que los que piden dinero prestado lo devuelvan con el interés correspondiente. Porque si no lo devolvieran, el banco puede carecer de fondos para atender a todos los que cobran de él (los dividendos a los accionistas, la remuneración de los depósitos y los salarios) y surgirá el riesgo de los impagos.

Vista así la cuestión, el enemigo de los clientes no es tanto el banco en sí, como el deudor que no devuelve el dinero que ha pedido prestado. Es posible que el deudor bancario no pueda hacerlo por un cambio inesperado de sus circunstancias económicas. Pero incluso en ese caso el deudor que no paga sigue siendo responsable, eso sí, junto con los dirigentes del banco por no haberse asegurado debidamente de que podía devolverlo.

Finalmente, entre los gastos del banco figuran los impuestos por lo cual las entidades bancarias al considerar el nuevo impuesto como un coste más intentarán trasladarlo a los clientes, de suerte que lo más probable es que los verdaderos pagadores finales del nuevo impuesto seamos los clientes de la banca. Este es uno de los temores del BCE y todo hace pensar que por muchas medidas que tome el Gobierno para tratar de impedirlo (se prevén fuerte multas) será imposible que el banco no acabe cobrando el nuevo impuesto a sus clientes difuminándolo, eso sí, en otras operaciones bancarias.

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