En octubre entró en vigor la famosa ley del solo el sí es sí que quería acabar con toda posible benevolencia (como la famosa sentencia de La Manada) ante los delitos contra la libertad de la mujer. Irene Montero, de la cúpula de Podemos y ministra de Igualdad, aseguró que era un gran hito en la causa mundial del feminismo. Y una de las bases de la ley era abolir la distinción entre el abuso y la agresión sexual que se creía que protegía a los agresores.
Pero hacer leyes emblemáticas primando el maximalismo ideológico es siempre peligroso. Y como se cambiaron a todo correr las penas aplicables, a los pocos días de su entrada en vigor algunos condenados por agresión (e incluso violación) han aprovechado para pedir a los tribunales —y muchos han accedido— una rebaja de sus condenas. Irene Montero se ha precipitado a proclamar que la ley se estaba aplicando mal por prejuicios “fachas y machistas” de muchos jueces que debían ser reeducados. ¿Dónde? ¿Por quién? ¿Con qué autoridad?
Pero los jueces y tribunales que han rebajado penas son muchos y muy diversos y acreditados juristas dicen que, con la ley en la mano, la reducción era inevitable. Quizás haya jueces que entren en la categoría definida por Montero, pero no pueden ser la mayoría. Además, todas las asociaciones judiciales se han desmarcado de la ministra. Incluso la de los jueces progresistas. La ley debe tener pues fallos qué, con menos prisas e ideología y más técnica jurídica, se habrían debido evitar. Irene Montero y Podemos, que querían erigirse en portavoces del feminismo, han recibido una sonora bofetada.
Pero la ley fue aprobada por el Gobierno, que inevitablemente sale malparado. Y es irrelevante que, como se ha escrito, Pedro Sánchez solo cediera a Podemos para asegurar la aprobación de los Presupuestos. Ya antes fue la entonces vicepresidenta Carmen Calvo —no la ministra Montero— la que fue cesada al oponerse a iniciativas como la ley trans que todavía está en el limbo. Las alianzas complicadas —aunque sean forzadas por la aritmética parlamentaria— tienen altos costes.
Y ahora, ¿qué? Montero —y en menor medida Pedro Sánchez, que rehúye los conflictos con Podemos— dice que la Fiscalía y el Supremo “unificarán” doctrina. ¿Cree Montero en la “reeducación” instantánea? Otros ministros —como la titular de Hacienda, María Jesús Montero— ya han admitido que la ley pretendía lo contrario y que habrá que retocarla. Dicen que rectificar es de sabios, pero habría sido mejor repasar antes la ley y resistir las prisas y las presiones políticas. Además, cambiar la ley difícilmente podrá evitar las reducciones de penas ya concedidas.
Es todo el Gobierno el que queda tocado. A la hora de gobernar la ideología no puede ser el único baremo. Gobernar es más complicado que escribir discursos populares. Y este incidente agudiza además los choques y la sensación de desconcierto. No solo entre socialistas y Podemos, sino también a la izquierda del PSOE. Pablo Iglesias ha vuelto a enseñar el colmillo al acusar a Yolanda Díaz —a la que nombró candidata de Podemos— de miserable por no cerrar filas con Irene Montero.
El Gobierno y la izquierda en general deben reflexionar. Sí, el PP no solo se equivoca, sino que incumple la Constitución cuando se niega a renovar el Consejo del Poder Judicial. Y sentencias como la del Constitucional contra el Estado de alarma son difíciles de digerir. Pero algún desacuerdo entre el poder ejecutivo y el judicial es inevitable y no debe conllevar descalificaciones que suenan a mitin barato. Y yendo más allá, el Gobierno, por progre que se crea, no puede mirar por encima del hombro a los jueces con la sospecha de que son de derechas. En una democracia el poder judicial es independiente del ejecutivo. Solo debe acatar y hacer cumplir las leyes aprobadas en tiempo y forma por el parlamento, que es el depositario de la soberanía nacional.
Tras lo de “fachas” de esta semana quedan dos grandes interrogantes. Uno. ¿Admite Podemos la independencia judicial? Parece que no, que su deseo de “conquistar el cielo” (sin consenso) está por encima de todo. Y dos. ¿La tiene suficientemente en cuenta el PSOE que —desaparecida la UCD— es el partido históricamente más comprometido con la Constitución?
