¿Desgobierno por empate?

Cuando el lunes el Tribunal Constitucional (TC) acogió el recurso de amparo del PP y adoptó las medidas cautelarísimas que pedía, España entró en una crisis grave y con pocos precedentes. En efecto, el TC impidió el debate en el Senado (en el Congreso ya habían sido aprobadas por una amplia mayoría de 184 votos) de dos disposiciones adicionales y relevantes a la reforma del Código Penal: la del propio TC y la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Que el TC anule, antes de que se vote, parte de una ley que está en las Cortes —la sede de la soberanía nacional— implica un gravísimo choque entre dos de los poderes del Estado, el judicial y el legislativo. Pero aún es más llamativo que el TC dé al PP la razón a algo así como un recurso previo de inconstitucionalidad contra una ley con la que el Gobierno creía cerrar un gran conflicto institucional.

En pura lógica Sánchez debería haber dimitido de inmediato. Pero no estamos en un mundo lógico, sino en otro convulsionado por una guerra política permanente. La decisión fue de un TC con poder, pero con menor autoridad moral porque la decisión fue adoptada gracias al voto del presidente, Pedro González-Trevijano (y del magistrado Antonio Narváez) nombrados, como correspondía, por el Gobierno de Rajoy hace nueve años, que no solo tenían el mandato caducado desde junio, sino que el Gobierno de Sánchez, como correspondía, ya había designado a sus sustitutos. Y antes Trevijano ya había impedido que se les reconociera. Además, es notorio que el PP se ha estado negando durante cuatro años a cumplir la obligación constitucional de renovar el CGPJ para no perder su mayoría de control.

Primer resultado: Feijóo, líder del PP, ha tenido una victoria política porque el TC ha desautorizado una iniciativa estrella del presidente del Gobierno. Segundo resultado: Sánchez intentará resistir —y podrá hacerlo— por dos motivos. El recurso de amparo del PP se basa solo en añadir (con calzador) las reformas del TC y del CGPJ a la del Código Penal. Por lo tanto, podrá presentar otra ley de reforma del TC y CGPJ de contenidos similares. Además, tiene el apoyo de varios grupos parlamentarios que suscribirán la proposición de ley.

Sin mínimos consensos entre los dos grandes partidos —que ni mucho menos implica una alianza de gobierno— y sin mayorías claras, España es muy difícil de gobernar. Y permítanme la vanidad de recordar que ya en junio de 2021 vaticiné la batalla del Constitucional. Sin pax previa Casado —ahora Feijóo tampoco— no querría perder el control del tribunal que juzga la constitucionalidad de las leyes.

La lección de todo lo sucedido es doble. Una, el Gobierno de izquierdas no puede gobernar con la suficiente normalidad ninguneando siempre al partido de la derecha y despreciando (Podemos es el que hace más ostentación) los criterios de gran parte de la judicatura. Dos, Feijóo se equivoca (como antes Casado) cuando cree que su dominio, que viene de otra legislatura, del CGPJ y el TC (recuerden la sentencia del estado de alarma) pueden tumbar a un presidente con una mayoría tan heterogénea como resiliente. Y se columpia al ir contra iniciativas respecto a Catalunya que —como los indultos— han funcionado. No se puede gobernar bien España sin auscultar Catalunya, aunque sea asignatura hueso en Madrid.

Pero, pese a todo, España, mal o bien, funciona. ¿Por qué? Porque en 2020 y principios de 2021 la gravedad de la situación económica generada por el COVID fue tal que obligó a un gran consenso (ERTE y la reforma laboral) entre el Gobierno de izquierdas y la derecha económica. Es en gran parte por eso que la economía está algo mejor a lo temido tras la invasión de Ucrania.

Ahora lo peor es que la inminencia electoral ahonda la guerra entre la derecha y la izquierda mientras el consenso entre la CEOE y el Gobierno se tambalea. Y Sánchez pierde credibilidad cuando Yolanda Díaz introduce en la ley de empleo medidas que la CEOE vetó en la pactada reforma laboral.

Feijóo no acertará si insiste en ganar con los votos de Vox y sin entender Catalunya. Y Sánchez debe acotar la guerra con el PP. Y saber que su supervivencia va ligada a la economía y a no romper puentes con el empresariado. ¿Cuál de los dos se equivocará menos?

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