Mejor que el poder no pueda mucho

El embrollo de jueces, gobernantes y diputados del que tanto se habla estos días en la plaza es un asunto de lo más normal, aunque no lo parezca. Con Franco, que sí era una anomalía, estas cosas no pasaban.

Hay regímenes en los que todo el poder se acumula en una sola persona, que generalmente da nombre al sistema. El franquismo, el putinismo, el peronismo, el estalinismo y todo por ese palo. Salvo que el dictador sufra un trastorno de doble personalidad, no existe en ellos el menor riesgo de enfrentamiento entre poderes.

Otra cosa son las democracias a las que se suele adjetivar de liberales o burguesas, no siempre con buena intención. Como si fuesen inventados por el diablo, que todo lo enreda, estos sistemas tienden a repartir el poder entre los que gobiernan, los que legislan y los que interpretan las leyes. La idea es que cada uno de los poderes limite al otro, de manera que nadie mande demasiado ni pueda ejercer de Napoleón, aun en el caso de que creyese serlo.

Fue Charles Chaplin, en El Gran Dictador, quien ideó el concepto de “demócrata desteñido” que tan bien les encaja a las modernas democracias. No solo se trata de que unos poderes controlen a los otros, relativizándolos; sino de diluir el mando en distintas instituciones.

Nadie ignora que España, como los demás países de la Unión Europea, ha cedido no pequeñas cuotas de soberanía al poder supranacional con sede en Bruselas y Frankfurt. Y no solo eso. Rige además aquí —como en Alemania— un federalismo algo desteñido por el que la Administración Central traslada a los reinos autónomos la gestión de competencias no precisamente menores, tales que la Educación y la Sanidad. E incluso la policía, en algunos de ellos.

Este reparto de la autoridad se suma al tradicional sistema de equilibrios ideado por los anglosajones con sus checks and balances: los controles y contrapesos que ponen freno al poder absoluto. La fórmula teorizada en su día por el revolucionario Montesquieu la perfeccionaron los fundadores de Estados Unidos con tal éxito que su democracia ha sobrevivido incluso a un sujeto tan napoleónico como Donald Trump.

Cierto es que la teórica separación del ejecutivo, el legislativo y el judicial choca a veces —y no solo aquí— con la aproximación de los jueces a la política o el trasvase de magistrados al Gobierno. Aun así, el régimen suele funcionar razonablemente bien a pesar de encontronazos como los de estos días (o gracias a ellos, según se mire).

Se trata de un equilibrio sutil que no siempre es fácil en un país tan poco dado a las sutilezas como España. Aunque esta sea la nación del Quijote, abundan más los sanchos guiados por el apremio de la panza, detalle sociológico que acaso explique la promiscuidad que a veces exhiben los tres poderes del Estado.

No se entiende muy bien, un suponer, que el Poder Judicial sea elegido por riguroso orden de reparto entre los partidos del Congreso. O que el Gobierno —este y los anteriores— brame contra la judicatura cuando sus decisiones no le favorecen.

Son daños colaterales seguramente aceptables en un sistema diseñado para evitar la toma del poder por los déspotas. Otra opción, claro está, es la Rusia de Putin o la España de Franco, donde jamás hubo problemas de este tipo.

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