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Cristina Manzano

Educación, dignidad y trabajo decente

Cierra el año con un nuevo ataque del régimen talibán a la dignidad y la libertad de las mujeres afganas, mientras el mundo asiste atónito, indignado, pero sin pasar de ahí. Si hace unos meses impidieron a las niñas mayores de 12 años volver a sus clases de secundaria, ahora acaban de prohibir la educación de las mujeres en la universidad. Una violación sistemática y premeditada de sus derechos fundamentales.

En Irán, las mujeres llevan semanas saliendo a las calles para reclamar también la libertad robada por la intransigencia, política y religiosa, de sus gobernantes; para protestar por la falta de expectativas, más allá de los varones que las rodean.

Mientras muchas mujeres luchan por algo tan elemental como su acceso a la educación y a unos derechos mínimos, otras lo hacen por que sus trabajos alcancen un mínimo de dignidad. En un entorno complicado por los impactos combinados de la pandemia, la inflación y la guerra en Ucrania, 2022 ha visto avances y retrocesos en la batalla por el llamado trabajo decente, ese que se define por acabar con la brecha salarial, la violencia o el acoso sexual y la informalidad; también por lograr un mayor equilibrio en el peso de los cuidados. Ese que aspira a terminar con las nuevas formas de trabajo forzado y esclavitud. Baste una cifra: se calcula que 25 millones de personas en todo el mundo son víctimas de explotación laboral.

El controvertido Mundial de fútbol de Catar ha sacado a la luz las tremendas condiciones de los miles de trabajadores inmigrantes que han construido sus brillantes infraestructuras. Mucho ruido, poca reacción global. También ha servido para recordar —de nuevo, con pocas consecuencias— el sistema kafala, arraigado en el Golfo y otros países árabes como Líbano o Jordania, que establece una relación de extrema dependencia y da pie a todo tipo de abusos de los empleadores sobre los empleados. Construcción y empleo doméstico son dos de los sectores donde esta práctica es habitual.

En el lado de las luces, y mucho más cerca, España aprobó a la vuelta del verano el subsidio de desempleo para empleadas del hogar. Lo anunció el presidente del Gobierno al inicio del curso político. Lo que no dijo es que lo hacía por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que concluía que nuestro país discriminaba a las empleadas del hogar al negarles ese derecho. Una buena noticia para más de medio millón de mujeres que trabajan en el sector, aunque no podrá beneficiarse el 30% de ellas que no están dadas de alta en la Seguridad Social. Un sector sumamente feminizado, tradicionalmente precario y en el que un buen número de trabajadoras son inmigrantes. España se sumaba así, por fin, al grupo de solo 36 países que han ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula el trabajo doméstico, en vigor desde 2013. También ratificó los Convenios 177, que regula el trabajo a domicilio y el 190, sobre la violencia y acoso en el entorno laboral.

Por parte europea, la Comisión presentó en febrero una propuesta de directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad. Dirigida a las grandes empresas, se trata de prevenir, atajar o mitigar los impactos negativos de su actividad sobre el medio ambiente y sobre los derechos humanos (trabajo infantil, explotación laboral, etc.), incluyendo también empresas de terceros países que formen parte de sus cadenas de suministro. La propuesta todavía debe debatirse en el Parlamento Europeo y luego los estados miembros tendrán dos años para transponerla. Francia y Alemania ya cuentan con leyes en esa dirección. España ha iniciado los trámites de un anteproyecto de ley. Sería importante, como defiende la Plataforma de Empresas Responsables, no esperar a la obligatoriedad que vendrá de Europa para contar con legislación propia.

Que todavía se estén discutiendo estas cuestiones en el grupo de países más avanzado del mundo en la defensa de los derechos colectivos dice mucho de los desafíos de la comunidad internacional para cumplir, en 2030, el ODS 8, que aspira a un trabajo decente para todos. Un objetivo que afecta especialmente a los más vulnerables y a las mujeres. Ojalá 2023 siga viendo nuevos avances en ese terreno. Felices fiestas.

Cristina Manzano es directora de Esglobal

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