El COVID-19 puso a prueba la unidad de acción de la Unión Europea desde el primer día y el balance de la respuesta comunitaria fue positivo. Pese a que la pandemia golpeó duramente los países de la UE, la Comisión supo actuar con la determinación necesaria y consiguió una reacción ampliamente mayoritaria, sobre todo en lo que se refiere a la gestión centralizada de la compra y gestión de las vacunas. Esta actitud permitió orillar las resistencias de la burocracia comunitaria y actuar con la celeridad que los tiempos reclamaban. Se manifestaron, ciertamente, dificultades en la adopción de normativas comunes, relacionadas con la libertad de movimientos y el control de las fronteras pero, por lo general, puede hablarse de un éxito que se extendió posteriormente a las políticas destinadas a hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Pese a que Europa conoció un descenso generalizado de los casos de COVID durante el pasado verano, han vuelto a sonar las alarmas de los sistemas sanitarios como consecuencia de un repunte de casos agravado por la aparición de infecciones respiratorias de distinto signo propias del otoño y el invierno. A esta situación se han sumado factores externos que podrían volver a agravar la situación y que han llevado la UE a adoptar con cautela nuevas medidas de prevención. Entre estos, el hecho de que el régimen de Xi Jinping haya decidido abandonar la política de COVID cero ratificada por el Congreso del Partido Comunista a finales de octubre. Las protestas contra una política que carecía de base científica y tenía consecuencias sociales y económicas insostenibles obligó a un viraje que el Gobierno de Pekín tomó de forma abrupta, provocando millones de casos y un inevitable balance de víctimas mortales que el régimen ha falseado. Ante el riego de que esta explosión tardía del COVID en China pudiera provocar una nueva ola de la pandemia en todo el mundo, la UE y numerosos países deben adoptar sensatas políticas de protección de sus fronteras. No se trata de discriminar a nadie, sino de proteger a una población europea que ha sido en gran parte inmunizada frente a las cepas del virus que circulan en los países del continente pero que podría reaccionar con menos eficacia frente a nuevas cepas del virus que se desarrollaran entre una población de 1.400 millones de personas que no están vacunadas o lo están con vacunas de dudosa eficacia.

No son aceptables las quejas del Gobierno de Pekín, que debe asumir su responsabilidad en lo que ocurre en su país, y que reaccionó de manera drástica respecto al resto del mundo mientras soñó en mantener a su país al margen de la epidemia. En ese sentido, nos parece que las decisiones adoptadas ayer por el mecanismo de Respuesta Política Integrada a las Crisis (IPCR, un organismo que depende de la presidencia de la UE) —recomendando mascarilla en los vuelos y un test negativo de COVID, entre otras medidas—, constituyen una respuesta proporcionada frente a los riesgos existentes. Europa ha actuado con generosidad, ofreciendo al Gobierno chino vacunas de última generación más eficaces que las producidas por China. Los europeos han pagado un precio muy alto para hacer frente al COVID, y las instituciones de la UE deben garantizar la continuidad de una exitosa política basada en la monitorización de las amenazas. Las medidas adoptadas con relación a los viajeros procedentes de China parecen razonables, como pueden serlo, en el futuro, otras derivadas del estudio que están haciendo los expertos de una cepa detectada en la costa este norteamericana y que podría resultar más contagiosa y difícil de contener con las vacunas actuales, según las primeras informaciones.