Vuelco en el Constitucional

En España y en las democracias los jueces son independientes cuando ejercen sus funciones. Eso es compatible con que muchos jueces tengan ideas políticas y que las grandes decisiones jurídicas y constitucionales no sean ajenas a la política. Se ha visto siempre en el Tribunal Supremo americano y el Consejo Constitucional francés está formado por seis magistrados, dos nombrados por el presidente de la República, dos por el del Senado y dos por el de la Asamblea Nacional.

El problema no es cierta e inevitable politización, sino que sea excesiva y omnipresente. Es como con la sal. Sin ella, un plato puede ser insípido y poco comestible. Si te pasas, resulta repugnante.

El Constitucional español (TC) siempre ha sido polémico. Ya Felipe González, tan añorado hoy por la derecha, tuvo que suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad porque Alianza Popular lo usaba para aplazar las leyes que le molestaban. En Cataluña, la sentencia de 2010 sobre el Estatut de 2006 fue muy criticada. Pero un anterior TC se cargó la Loapa, pactada por la UCD y el PSOE, por ir contra el Estado autonómico. Y la sentencia (seis contra seis y con el voto del presidente García-Pelayo) a favor de la expropiación de Rumasa generó una gran tormenta. La politización llegó al absurdo cuando el TC presidido por Trevijano falló contra el estado de alarma decretado por la pandemia.

Ahora había un núcleo inmovilista (ni exactamente ni solo el PP) que retrasaba la renovación del TC para que su mayoría conservadora no fuera alterada por las elecciones de 2019. A la espera de ser confirmada tras las próximas legislativas. El choque ha sido fuerte y duro y el objetivo doble. Primero, aplazar la renovación del TC. Segundo, que en todo caso Cándido Conde-Pumpido, magistrado progresista y fundador de Jueces para la Democracia, no lo presidiera. Conde-Pumpido puede parecer demasiado tolerante (por ejemplo, respecto a los antisistema que boicotearon el Parlament de Cataluña), pero ha sido un acreditado y competente magistrado de la Sala Penal del Supremo, fiscal general del Estado durante ocho años y hasta ayer un miembro más del TC. Y no desmerece —ni mucho menos— respecto a anteriores presidentes. En todo caso, su progresismo es más equilibrado que el conservadurismo de Trevijano, que exigía el estado de guerra para combatir el coronavirus.

Era lógico que Pumpido llegara a la presidencia del TC y las maniobras de núcleos recalcitrantes para impedirlo, dividiendo al sector progresista al apoyar la candidatura de María Luisa Balaguer, solo han logrado que contra la solución más equilibrada —que la vicepresidencia del TC fuera a un conservador— esta haya recaído en Inmaculada Montalbán, una magistrada con méritos y con lo que pretende normalizar la presencia femenina en las magistraturas del Estado.

Pero Montalbán pertenece también al sector progresista, por lo que el equilibrio no sale beneficiado. Tras un exceso de dominio conservador, lo más sensato habría sido que la presidencia y la vicepresidencia del TC no tuvieran la misma orientación.

La férrea combatividad conservadora ha acabado en una respuesta legal y legítima, pero contundente y que no favorece la concordia. En las altas instituciones judiciales los dos grandes partidos deben reconocerse con normalidad porque, caso contrario, peligra el edificio constitucional, la norma que garantiza la convivencia democrática.

Pero la politización extrema que sufre España no es solo culpa de los políticos, sino también de las luchas de poder entre los propios jueces. Es sabido que Trevijano y Manuel Marchena, el poderoso presidente de la Sala de lo Penal del Supremo —la que juzgó a los políticos catalanes— han combatido a fondo la opción de Conde-Pumpido. No solo por motivos políticos sino por la preeminencia en el mundo judicial.

Ahora el TC tendrá una orientación más abierta, pero se ha perdido una buena ocasión para pacificar un tribunal que debe encarnar la pluralidad. Que el TC se haya renovado y que Conde-Pumpido lo presida es una buena noticia. Que se haya respondido a la derecha con aquello de que si no quieres una taza, tendrás que tragarte dos, no es lo más conveniente para recuperar el prestigio del alto tribunal.

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