La de Autopistas del Atlántico con las administraciones públicas españolas, cualesquiera que haya sido su color político, se asemeja más a una relación de amor feudal (de dominio de una parte y de sometimiento de la otra) que a un vínculo legal concesional entre el Estado y (desde la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas, en el año 2003) una empresa. Desde que le fue encomendada, en 1973, la “construcción, conservación y explotación” de la autopista AP-9, todos los reales decretos emitidos desde entonces han forjado una situación de privilegio que han permitido a la sociedad pasar por crisis y bonanzas con el mismo rostro impertérrito. Una sociedad mercantil que, por cierto, distribuye ahora buena parte de sus beneficios entre los “afanados” ahorradores holandeses, en un entramado societario más complicado de comprender que los misterios bíblicos. Audasa, gestione quien la gestione, gobierne quien gobierne y pase lo que pase (ni crisis financieras o de otro tipo, ni coronavirus, ni guerras), siempre gana. Es lo que tiene vivir confortablemente instalado en el monopolio. Sin competencia y apenas sin responsabilidades. Solo hacer caja.

Pero Audasa siempre quiere más. Así, incluso tras una pandemia mundial que obligó a un confinamiento inaudito para preservar vidas ante un virus desconocido y letal, la propiedad de la autopista —un vial que no tiene ninguna alternativa gratuita, un hecho absolutamente inédito en España y de dudosa constitucionalidad— no dudó en acudir a los tribunales para reclamar más de 46 millones de euros del erario público para compensar su pérdida de tráficos. Y ahora, con una guerra en el corazón de Europa y una economía tensionada al extremo por la inflación, ha logrado arrancar lo que quería: una subida abismal en las tarifas, superior al 9%, que saldrá de los bolsillos de los ciudadanos ya sea vía impuestos o vía cabinas de cobro.

El primer real decreto de este matrimonio Audasa-Estado fue preconstitucional; el último, de un gobierno socialista. Y no perdió en ninguno de estos dos ni en la media docena que se promulgaron entre ambos. Con la privatización de ENA, Audasa se subrogó la concesión, con su duración y privilegios, sin que ya entonces el Estado decidiese abrir una licitación para entregarla a un nuevo operador. En espera de lo que determine la Comisión Europea acerca de la legalidad de la última prórroga de la concesión —el colectivo que ha demandado la ampliación da por hecho que habrá un pronunciamiento este año—, nadie en La Moncloa o en el Ministerio de Fomento ha tenido el arrojo de frenar un sinsentido que suma casi medio siglo. La duración inicial de la concesión tenía que haber expirado en 2012, prolongada después hasta 2013 y, finalmente, para el año 2048. Intervinieron en cada modificación legal ministros de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Ni PSOE ni PP han sabido o querido plantar cara a Audasa, aunque, eso sí, cuando ambos partidos están en la oposición siempre se les llena la boca cargando contra una situación que consideran injusta e insoportable, porque así lo es, y prometen cambiarla si llegan al poder.

Como incide el informe de la Comisión Galega da Competencia, que reprueba las condiciones impuestas a los ciudadanos tras las obras de desdoblamiento de Rande, fue la propia Audasa, con el Ministerio de Fomento de José Blanco (PSOE), la que en 2011 “consideró que era oportuna la ampliación de la capacidad por el notable incremento de los tráficos”. A cambio, otro real decreto. Además de crear un fondo de compensación a pagar a la concesionaria por esas obras, y que devengaba —y todavía lo hace— intereses, se le reconoció a la empresa “un incremento extraordinario de tarifas del 1% acumulativo durante veinte años”, a contar desde la fecha de finalización de las obras. Trabajos que, como todos los usuarios de la autopista recuerdan, no estaban finalizados en 2018, cuando ese plus en la subida de los peajes se puso en marcha. Igualmente lo permitió otro Gobierno, el de Mariano Rajoy, con Íñigo de la Serna en la cartera de Fomento. Pero en esa nómina de ministros ausentes habría que añadir a Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, Ana Pastor, José Luis Ábalos y ahora Raquel Sánchez.

Porque ha sido ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que ha vuelto a evidenciar que, en ningún caso o por el motivo que fuere, nadie en Moncloa se decide a actuar con Autopistas del Atlántico como una empresa más que tiene subrogado un servicio público. Ese fondo de compensación mencionado, que a cierre de junio de 2022 superaba los 340 millones de euros, podría haberse liquidado de una tacada y eliminar de este modo para la ciudadanía ese plus de subida del 1%, una suerte de impuesto que si no es revolucionario, sí es absolutamente impresentable. Ha sido otra oportunidad perdida, porque, y pese a la fuerte contestación interna dentro del Gobierno, Madrid optó por la vía de en medio. A saber, limitar de forma directa el alza de los peajes a un 4% —ir de A Coruña a Vigo ya supera los 18 euros—y asumir con cargo a los Presupuestos Generales el total reclamado por Audasa, hasta un 9,46%. Cero perjuicios para la sociedad que, si logra mantener los volúmenes actuales de desplazamientos, y gracias a la revalorización de las tarifas, está en disposición de rebasar el récord de ingresos de 2008, cuando su facturación superó los 156 millones.

Incluso si Bruselas determina que la prórroga de la concesión hasta 2048 fue ilegal, un riesgo más que teórico, Autopistas del Atlántico ha advertido que reclamará una indemnización “notablemente superior” al importe de su deuda, que supera los 1.000 millones de euros. Una espada de Damocles que no ha perdido un ápice de filo desde tiempos de Franco.

Mientras en otros territorios de España se están liberando de forma definitiva autopistas, en Galicia seguimos siendo víctimas de una situación injusta a la que nadie ha querido poner freno. Tener que pagar, sí o sí y cada año más, por viajar entre Vigo y Ferrol sin posibilidad de una vía alternativa pública y gratuita es tan inconcebible como vivir en una comunidad que solo ofreciese educación o sanidad privadas. Pero lo anormal se ha convertido en Galicia en lo cotidiano y, por lo visto, ningún Gobierno está dispuesto a poner fin al monopolio de Audasa. Todos optan por lo que en el argot del rugby se llama patada a seguir, o sea yo despejo el problema y el que venga que lo arregle, si quiere (que nunca quiere). Y así Audasa siempre gana y Galicia y los gallegos siempre pierden.