Opinión | Inventario de perplejidades

Sobre desórdenes agravados

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado de la instrucción del caso Puigdemont, tuvo que ver cómo dos euroórdenes suyas solicitando la entrega a España del expresidente de la Generalitat (fugado a Bruselas después de proclamar la independencia de Cataluña por un periodo de tiempo que no llegaba al minuto) eran enviados a la papelera. Los juristas belgas y los alemanes alegaron que la figura de delitos que se imputaba a los huidos no tenía los mismos perfiles que los descritos en la legislación penal de esos dos países y, por tanto, sin entrar en el fondo del asunto, procedía denegar la entrega requerida.

En un amplio sector de la opinión publica española el rechazo se tomó como una bofetada. ¿Pero cómo se atreven unos juristas de tres al cuarto a enmendar la plana a todo un magistrado del Tribunal Supremo?, un organismo del que estábamos legítimamente orgullosos. Otra cosa no habrá, pero nos sobran intérpretes de la letra grande y de la pequeña, y nuestra educación está basada en el salvaje principio de que “la letra con sangre entra”. ¿Y qué decir de esa preferencia por los “memoriones” como don Manuel Fraga (QPD) y don Mariano Rajoy, a los que se citaba en lugar destacado de la lista de opositores exitosos a una plaza de élite de la Administración del Estado.

Y así estábamos, a punto de reanudar las campaña del duque de Alba en los Países Bajos contra los protestantes, que nos enteramos de una iniciativa del presidente del Gobierno para suprimir del Código Penal el delito de sedición. No es una iniciativa inocente (ninguna de un político profesional lo es) porque so pretexto de armonizar la legislación española en la materia con la europea, hemos traído al BOE una serie de medidas que supuestamente iban a favorecer de rebote a los independentistas. Con lo que no contaban los estrategas del PSOE, es que al darle marcha atrás a la manivela, junto con el fantasmal Puigdemont iban a emerger también el resto de fugados a Waterloo, y, mira tú por dónde, el juez Llarena, que es el instructor de este caso y con el que contar en el baile.

La primera pieza la ha bailado su señoría al dar por buena la supresión del delito de sedición, pero al tiempo que hacía eso activó unas “palancas “procedimentales (como diría el presidente del Barça) que van a animar a muchos a meter la cuchara en el embrollo político catalán. Para comenzar con el dolor de cabeza, jueces y fiscales del Tribunal Supremo y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional manifestaron criterios dispares respecto del proyecto gubernamental. Y tampoco hay coincidencia respecto de lo que debe entenderse por “desórdenes públicos agravados”. De esos hubo abundantes malos ejemplos, pero el Gobierno (que no es el que gobernaba cuando se produjeron) parece no haberse enterado de las consecuencias de lo que proponía. Legislar requiere estudio y sosiego.

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