Desde la pionera ley integral contra la violencia de género de 2004 se han sucedido ya casi dos décadas de reformas legales, acciones de sensibilización y despliegue de recursos policiales, judiciales y asistenciales específicos para la protección de las mujeres víctimas de las agresiones machistas. Las estadísticas, y la crónica diaria que acumula un crimen tras otro —once mujeres asesinadas el mes pasado, uno de los dos peores diciembres desde 2003—, indican que si bien en un primer momento se pudo apreciar una evolución positiva, llevamos ya una década manteniendo prácticamente, año tras año, las mismas intolerables cifras de asesinadas por hombres que creen que su derecho a controlar a las mujeres llega al extremo de poder disponer de sus vidas.

Las cifras insoportables con las que se cerró el año 2022 obligaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a convocar una cumbre de instituciones y cuerpos policiales implicados en la lucha contra la violencia machista. Sobre la mesa, un indicador que llamaba a la revisión de recursos, procedimientos y medios: en la mitad de aquellos feminicidios existían denuncias previas contra los agresores y solo en dos ocasiones se dictaminaron medidas de protección.

La respuesta del Ministerio del Interior ha sido defender la eficacia del sistema VioGén, que mantiene bajo su radar a cerca de 75.000 potenciales víctimas de violencia machista (más otras 600.000 situaciones archivadas) y las clasifica según un nivel de riesgo que determina el tipo de medidas preventivas a tomar. Sin embargo, tanto a nivel de diagnóstico como de respuesta preventiva hay mucho a mejorar. La misma delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha recordado que los antecedentes de malos tratos son demasiadas veces una señal de alarma subestimada y ha reclamado que se mantengan durante más tiempo bajo supervisión del sistema los culpables por el este tipo de delitos, mientras sus antecedentes penales estén vivos. Y Grande-Marlaska ha apuntado otras medidas, como la ampliación del uso de las pulseras que deberían alertar si un hombre con orden de alejamiento la vulnera o la información a las nuevas parejas de las personas con antecedentes. Aunque la fiscalía haya advertido de que una iniciativa de este tipo toparía con serias limitaciones en la protección de los derechos del sospechoso, no hay motivos para que se pueda avanzar en este sentido cuando se tome no de forma automática, como señalaba el ministerio fiscal, sino proporcionada y justificada, ante una situación de riesgo perfectamente objetivable.

La extensión del uso de las pulseras de control se encuentra con otras objeciones. Aunque su ínfimo uso en muchos territorios se debe en parte a unas cuestionables bajas cifras de establecimiento de medidas cautelares de alejamiento, también están justificadas en su dudosa eficacia, susceptible de errores que desatan alarmas continuas, o incluso de un uso malicioso, que se acaba convirtiendo más en una forma de acoso psicológico que de protección. Ha de haber un margen de mejora en los aspectos técnicos de estos dispositivos. Pero ni de ser así se convertirían en la panacea.

El sistema de protección de las víctimas de la violencia sufre fallos sistémicos que no se solucionan tan fácilmente sin una mayor disponibilidad de efectivos para hacer un seguimiento estricto de los maltratadores denunciados y reincidentes, de recursos de acogida de emergencia para las víctimas o evitando la prolongación indebida de los procedimientos judiciales. Sin olvidar la nueva amenaza que supone un nuevo machismo reactivo, victimista y ofensivo a la vez, que demasiadas veces se siente impulsado y justificado por un negacionismo de la violencia de género que ha entrado en las instituciones y permea en sectores juveniles que están dando pasos atrás hacia una misoginia que parecían una rémora de otros tiempos.