Opinión

Científico, académico, escritor y humanista

Justicia justa e igual para todos

Montesquie, decía: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa; y no hay mayor tiranía que la que se ejerce al amparo de la ley y en nombre de la justicia”. Quevedo aseveraba: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”. Unamuno afirmaba: “Mi divisa es primero la verdad que la paz”. En mi opinión no puede haber paz sin justicia, no puede haber justicia sin verdad, y no puede haber verdad, sin que alguien diga la verdad; y la sociedad actual está muy necesitada de verdad y de justicia.

En un Estado democrático como el nuestro la soberanía reside en el pueblo, de la que derivan los tres grandes poderes: el Poder Legislativo es el que se encarga de hacer las leyes, siendo las Cortes Generales las que lo ejercen; el Poder Ejecutivo lo ostenta el Gobierno, que es el responsable de ejecutar las leyes; y el Poder Judicial es el que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias, siendo los jueces y tribunales los que lo ostentan.

El Poder Judicial en España está representado por el conjunto de tribunales y juzgados, integrados por jueces y magistrados, que tiene la potestad de administrar justicia. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por un presidente (que es a su vez el presidente del Tribunal Supremo, máximo representante de la justicia, es el más alto rango del Poder Judicial, mientras que el Tribunal Constitucional se encuentra fuera de esa jeraquía y forma una categoría propia, con reconocimiento diferenciado en la Constitución) y 20 vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocido prestigio. El CGPJ ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos. El fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español.

El Poder Ejecutivo no debería interferir en decisiones que deberían tomar los propios jueces aplicando la meritocracia y no cuestiones ideológicas (no puedo entender que se establezca una división entre jueces conservadores y jueces progresistas). Los jueces están para aplicar la ley y hacer sentencias justas. Los cambios realizados por el Poder Ejecutivo en el Código Penal en el 2022, que pueden tener consecuencias en los condenados por sedición (se sustituye el delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados) y en la lucha contra la corrupción por la reforma del delito de malversación (al exigir el ánimo de lucro —al rebajar la condena en los casos en los que no haya lucro personal— puede conllevar una restricción de las posibilidades de persecución de este delito, y con ello, un retroceso en la lucha contra la corrupción), me parece un abuso de poder, más propio de dictaduras que de gobiernos democráticos. La aplicación de la ley del solo sí es sí está provocando una cascada de rebajas de penas y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales muy preocupante, por lo que urge modificarla. Justicia justa e igual para todos: el que la hace, la paga, caiga quien caiga.

¿Cómo es posible que los españoles puedan confiar en una justicia, cuyo órgano principal, el CGPJ, lleva más de cuatro años caducado y sin cumplir con lo que se establece en el art. 122 de la Constitución? Esto es una anomalía democrática, fruto del fracaso continuado de las negociaciones entre los dos grandes partidos: PSOE y PP, y para colmo al ser un año electoral, hasta el 2024 todo va a seguir igual. El Poder Judicial, uno de los tres pilares que sostienen el Estado democrático de derecho, tiene que ser independiente, y aplicar la ley, hacer justicia justa e igual para todos sin ningún tipo de privilegios para nadie, ya que todos somos iguales ante la ley. Es el único camino a seguir.