Opinión | Shikamoo, construir en positivo

Complejidad, polarización y medio ambiente

Buenos días. Hoy me presento ante ustedes con un texto escrito ayer, día del amor. Y no vendrá mal tenerlo en cuenta porque en este tema harán falta enormes dosis del mismo, así como de empatía y “buen rollo”, para salir indemne del intento. Y es que la enorme polarización en torno al asunto complejo de Ence y su salida o no de la ría de Pontevedra hace que sea necesario abordar tal cuestión con mucho cuidado...

Ya conocen la concatenación de los acontecimientos. El Tribunal Supremo acaba de enmendar el criterio de la Audiencia Nacional, confirmando así definitivamente la legalidad de la prórroga extraordinaria a la concesión de los terrenos en los que se asienta la fábrica de pasta de papel, hasta el año 2073. Avala así tal nuevo plazo de sesenta años concedido por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016, poniendo fin a años de incertidumbre sobre la actividad de la pastera en tal lugar. A los excelentes análisis jurídicos sobre el particular, publicados estos días, les remito si esa es la esfera que les interesa. Déjenme que yo, sin embargo, les hable de otra cosa.

Y es que, mucho más allá de los argumentos jurídicos a favor o en contra de la prórroga de la actual ubicación de la instalación fabril, ¿qué se dirime en ese pleito? Unos, con sus legítimas razones, atenderán a argumentos de índole económica, individual y colectiva, expresada en puestos de trabajo directos e indirectos, en recursos generados vía impuestos o en la viabilidad de la zona. Tiene lógica. Otros, en cambio, verán las consecuencias medioambientales, actualizadas y en términos reales, de qué representa la fábrica en tal ubicación. Y, más allá de eso, aducirán repercusiones también de índole económica, en términos de posible lucro cesante en actividades incompatibles con la presencia de la pastera hoy. ¿Cuáles? Pues una mejora de la zona en términos de actividad marisquera, por ejemplo, o la mejora de usos que tengan que ver con el turismo y el ocio. Muy pertinente también.

Cada quien argumenta desde sus respectivos puntos de vista, y el enfrentamiento es patente. Se ve en los comentarios a las noticias, así como en distintos foros. El asunto se trata desde una polarización total, con argumentos no probados a favor y en contra de la actual ubicación de la fábrica, basados a veces en falacias que no aguantan una mínima revisión crítica. Este tipo de estructuras dialécticas son propias de temas altamente polarizados, donde es difícil encontrar análisis objetivos, independientes y centrados en los hechos.

Para mí es importante recalcar que la pretensión de reubicación de la fábrica no implica, necesariamente, una expulsión de la misma de la provincia. Son cosas distintas, quizá aunadas hoy ante la opinión pública a partir de una cierta voluntad de presión por parte de la empresa para “mezclar churras con merinas”, enturbiando el discurso medioambientalista y arrimando así el ascua a su sardina. Buscar tal reubicación no es renunciar a la empresa, querer mal a la empresa o arruinar su proyecto en Galicia, ni apostatar de lo económico. En absoluto. Simplemente implica que, ante un excepcional y propiciatorio momento de extinción de una concesión, se analiza si la actual es la mejor ubicación o no para una fábrica de tales características, en base cero y sin prejuicios. Y, visto así, creo que pocas personas habrá que honestamente afirmen que sí.

Porque la empresa contamina, claro que sí y sin ninguna duda. Eso es connatural a cualquier actividad humana, y asegurar lo contrario no es real, ya que todo lo que hacemos tiene un cierto nivel de impacto. Dicho esto, es verdad que la fábrica de pasta de papel, como todas las del sector, ha reducido mucho su impacto frente al de antaño. Han mejorado muchas de sus tecnologías, y abandonado otras peligrosas —como el blanqueo con cloro— con muy alto impacto ambiental, según ha ido exigiéndolo la normativa al respecto. ¿Pero cuál es el nivel real de su contaminación actual, y cómo sería la ría hoy si la misma desapareciese? Esto es lo que hay que dirimir, planteando pautas y límites, poniendo en la balanza los beneficios y las renuncias, de forma específica para cada emplazamiento considerado. Todo ello para tratar de responder a la pregunta de si importa más el mantenimiento de una actividad económica exactamente en un lugar sensible y vulnerable, o la sostenibilidad del mismo, buscando alternativas. Eso es lo que deberíamos preguntarnos y lo que debería iluminar nuestras disquisiciones, más allá de la visión a corto plazo.

¿Se entra en la sentencia en el análisis pormenorizado de la lógica de sostenibilidad e impacto de la actividad en la Naturaleza —lo cual sería deseable que fuese planteado por alguien en algún momento, desde un punto de vista estrictamente científico—, o la misma es únicamente un galimatías técnico-jurídico sobre si era pertinente la prórroga, y competente para ello aquel Gobierno en funciones? ¿Alguien se ha parado a pensar a qué se renuncia ahora —más allá de la natural alegría de quien mantiene su puesto de trabajo sin cambios, que entendemos y compartimos, pero que no basta— a partir de lo final e irrevocablemente decidido? Para mí ese es el quid de la cuestión, y no otro.

En cualquier caso, parece que no hay vuelta atrás en lo decidido. Por eso, más que nunca, urge una evaluación real de qué implica esa actividad concreta en el lugar, analizando los datos sin otras connotaciones, actualizando los análisis y despojándolos de prejuicios, aprendiendo de ello, hablando de las cosas sin pasión y orientándolas al beneficio colectivo. Otra cosa aparte es que el modelo de silvicultura propuesto en Galicia por este y otros actores del sector sea manifiesta y francamente mejorable, por propiciar un monocultivo “de facto” en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y por sus políticas diametralmente opuestas al concepto de bosques sostenibles. Pero eso quedará para otro día.