El poder corrompe

La alternancia política en las democracias es un saludable signo de buena salud y una demostración palmaria de que el sistema pluralista es capaz de autorregenerarse, de avanzar, de renacer sobre las cenizas. Las sociedades nacionales que ven que su gobierno se agosta tienen oportunidad de reemplazarlo cada cierto periodo de tiempo, el plazo de una legislatura, e incluso de expulsarlo en determinadas condiciones mediante una moción de censura.

En nuestro país, sin embargo (y no es el único ejemplo que podría enunciarse), la corrupción juega un papel muy importante en las alternancias, es decir, en el desgaste del poder. Sin ánimo de exhaustividad, cabe recordar que Felipe González, presionado por escándalos a su alrededor durante el último tramo de su mandato —el GAL y el caso Roldán fueron quizá los episodios más indecentes de su dilatada estancia en la Moncloa—, estuvo cerca de perder por esta causa las elecciones de 1993, que acabó ganando por la debilidad del contrario, y ya fue derrotado por la mínima en las de 1996, que ganó Aznar. Mucho después, un presidente conservador, Mariano Rajoy, sería desplazado de la jefatura del gobierno por una moción de censura ganada por Pedro Sánchez sobre la base de numerosos escándalos de corrupción del PP, algunos sancionados por los tribunales.

Ahora es el PSOE el que se encuentra al borde de las elecciones autonómicas y locales, con un serio escándalo de corrupción en Canarias, que afecta, en el peor estilo imaginable, a al menos un diputado a Cortes por Canarias, que encabeza una mafia. Han fallado una vez más los controles. Y puesto que se sabe que el poder corrompe, es claro que los partidos no han hecho todos los deberes y deben todavía dar preferencia sin más demora a la vigilancia estricta de la conducta de sus representantes.

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