Opinión | EDITORIAL

El problema social de la vivienda, también en A Coruña

El acuerdo sobre la nueva ley de vivienda alcanzado por el Gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos con sus aliados Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y EH Bildu constituye un paso importante para dar respuesta al problema social en que se ha convertido el elevado coste del acceso a una vivienda en algunas áreas urbanas y turísticas españolas, también en A Coruña. El precio medio del alquiler de un piso en la ciudad se ha situado en 595 euros mensuales, según los datos más recientes, de marzo, del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), un organismo dependiente de la Xunta. Es el precio más alto entre las siete ciudades gallegas. En la siguiente, Vigo, el precio medio es de 570,8 euros. En cuatro años, el alquiler se ha encarecido un 21% en A Coruña, según este observatorio gallego, solo superado por el 25% de Ferrol. En un mes, la subida ha sido de un 2,2%.

El incremento de los alquileres, unido al aumento de las hipotecas por el alza del euríbor y al propio encarecimiento del mercado inmobiliario, dificulta el acceso a la vivienda en A Coruña y otras muchas ciudades españolas, un derecho reconocido en la Constitución. Cada vez más capas de la sociedad, comenzando por las más débiles económicamente, ven frustrado o limitado el acceso a una vivienda digna y se ven obligadas a desplazarse a pisos de peor calidad que los que podrían permitirse hace solo unos meses.

Los topes temporales en la subida de los alquileres y en la renovación de los contratos en las zonas tensionadas y la creación de un futuro índice para la vivienda más estable e inferior a la inflación pueden contribuir a frenar coyunturalmente la actual espiral alcista. Pero la efectividad de estos topes deberá contrastarse con la realidad cotidiana, ante el riesgo de que pueda inducir a una retirada de la oferta de pisos de alquiler del mercado o generar un desvío de la oferta hacia alquileres temporales inferiores a un año, que parecen haber quedado exentos de esos topes en la ley pactada. Las bonificaciones fiscales en el impuesto de la renta previstas para los pequeños propietarios en las zonas tensionadas pueden contribuir a moderar el precio de los alquileres, si se condicionan adecuadamente. Otro punto a destacar en el acuerdo es la incorporación de medidas de protección frente a los desahucios, como el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.

Todas estas herramientas van orientadas a paliar el problema de acceso a la vivienda, sin olvidar que la actuación esencial para combatir los precios desmedidos de los alquileres en las grandes áreas urbanas es realizar una ingente inversión pública en la construcción de vivienda social de alquiler, para alcanzar una situación equiparable a la de otros países de la Unión Europea (UE). El parque de vivienda social en España es ínfimo: 2,5% respecto al total de viviendas principales, en comparación con el 30% de los Países Bajos, el 24% de Austria, el 20,9% de Dinamarca, el 19% de Suecia y el 16,8% de Francia, según datos oficiales.

La inversión pública en vivienda social ha sido desatendida durante las últimas décadas, llegando incluso a privatizarse parte del parque existente de vivienda pública, debido a la enorme influencia política de los promotores inmobiliarios en España a nivel estatal, autonómico y municipal. Un ejemplo lo tenemos en A Coruña, donde, en los últimos veinte años, solo se han puesto en el mercado 376 pisos de promoción pública, a los que este año se han sumado 40 más de la Xunta en Xuxán, donde proyecta otros 98 y donde el Ayuntamiento tiene pendientes de edificar desde el pasado mandato otros 50. La Administración municipal, además, ejecuta cinco viviendas en Marqués de Pontejos, otro proyecto que comenzó a tramitarse en el pasado mandato.

La crisis bancaria fue una ocasión desperdiciada por el Gobierno del PP para lograr un parque de vivienda social equiparable a sus socios europeos, aprovechando los inmuebles de las operaciones fallidas que estaban en manos de los bancos y que pasaron a formar parte de la cartera de la Sareb. Ahora el acuerdo sobre la nueva ley de vivienda puede convertirse en una importante baza electoral en los comicios municipales y autonómicos de mayo para el PSOE, Podemos, ERC y Bildu, si logran completar con rapidez su trámite parlamentario.