Los dioses no pagan impuestos

El Gobierno ampliará a cuatro cultos religiosos (ortodoxos, budistas, mormones y Testigos de Jehová) los beneficios fiscales que ya disfrutan la Iglesia Católica, la Evangélica, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica. En la práctica, para las cuatro confesiones que se incorporan al mismo régimen fiscal que las anteriores, la medida implica que estarán exentos del pago del IBI por la propiedad de los bienes destinados al culto, como también del Impuesto de Sociedades, el IAE y e Impuesto de Plusvalía, entre otros.

Contrasta que la iniciativa se aplique en un estado aconfesional, tal como reconoce la Constitución del 78, aunque el Gobierno considera que ello refuerza la laicidad establecida por la Carta Magna, por cuanto equipara fiscalmente a todas las religiones con una base social representativa en España y las sitúa al mismo nivel impositivo que las ONG o las fundaciones. Por aconfesional se entiende que el Estado español no está adscrito a una religión o creencia para garantizar el pluralismo y la tolerancia religiosa.

Es llamativo el cambio de posición del Ejecutivo, con cuyo presidente a la cabeza, y también antes de serlo, mantuvo la posición contraria, a saber: que la Iglesia pagara los impuestos por sus propiedades inmobiliarias como todo hijo de vecino, una exigencia aparejada a los cerca de 35.000 bienes inmuebles que la Conferencia Episcopal se atribuyó para sí, de los que más de mil (sobre todo terrenos) estaban indebidamente inmatriculados y, en realidad, eran en origen de titularidad municipal. La Conferencia corrigió las cifras a la baja, pero ahí siguen algunos alcaldes de España tratando de inscribir en el Registro lo que consideran bienes públicos. En muy poco tiempo, hemos pasado de querer obligar a pagar al más grande (la Iglesia Católica es uno de los más importantes propietarios de este país) a liberar a todas las religiones de la obligación de cumplir con impuestos que contribuyen al mantenimiento de amplias capas del Estado.

Si lo que se pretende con las exenciones fiscales es reforzar la aconfesionalidad del país, el Gobierno bien podría haber tomado la decisión contraria, es decir, equiparar a todas las confesiones en el pago y no en su dispensa, lo que probablemente habría dejado más satisfechos tanto a quienes no profesan ninguna creencia religiosa como a la parte de la sociedad que está alineada con alguno de los credos incluidos en la prerrogativa. Al fin y al cabo, unos y otros, van a tener que seguir pagando a la Administración en calidad de personas físicas y jurídicas.

Las relaciones de los Gobiernos de izquierda con la Iglesia han tenido numerosos altibajos y propiciado desencuentros, aunque nunca han llegado a irreparables, no fueran a molestar. En muy contadas ocasiones las tiranteces han pasado a mayores, probablemente a causa de la enorme influencia que la Iglesia Católica preserva en España y porque actuar desde el frentismo radical habría incomodado a una parte de su masa de votantes y a quienes podrían estar en disposición de serlo. Entra dentro de lo probable que por la misma razón, los beneficios fiscales de los que gozarán las nuevas confesiones (las cuatro incorporadas suman 1,3 millones de fieles en todo el país) tampoco lleguen a colarse en el debate electoral. No obstante, por muy confesional que quiera ser el razonamiento del Gobierno de reforzar la laicidad de España, sobrevuela la sensación de que en lo tocante a privilegios, las instituciones religiosas no han dejado nunca de estar en un posición de jerarquía. Si hablamos de la hacienda pública, la Iglesia Católica aún cuenta con la regalía de disponer de una casilla en la declaración del IRPF.

Si el Estado concede determinados beneficios a instituciones religiosas o de cualquier otro tipo debe exigir a éstas, al menos, que actúen con transparencia, sin opacidad, y colaborar con la Administración cuando les sea requerido en asuntos de interés general o investigados por la Justicia. Algunas de las instituciones beneficiadas tienen mucho que aclarar y no vale eso de que en el pecado llevan la penitencia. No hacer cumplir esa obligación a quienes por su objeto social se benefician de las aportaciones a las arcas públicas que efectúa el conjunto de la sociedad abunda en la eterna sensación de que con la Iglesia no hay modo de no toparse.

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