Opinión | EDITORIAL

Una ley que puede resultar insuficiente

La nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno tras el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu busca dar respuesta al problema social en el que se ha convertido el elevado coste del acceso a la vivienda en determinadas áreas.

Una de esas zonas es la ciudad de A Coruña. Todavía hay que esperar para saber cómo aplicará la Xunta la nueva normativa. La incertidumbre es grande, ya que, aunque el presidente gallego afirmo el pasado jueves que cumplirá la norma, también anunció que la Xunta estudiará un posible recurso ante el Constitucional.

Aún así, si nos fijamos en los diferentes distritos marcados por los códigos postales en A Coruña, de los doce de la ciudad, siete se podrían considerar zonas tensionadas. El motivo es que en estos distritos, el coste del alquiler aumentó un 3% por encima del IPC en cinco años.

De este modo, en Monte Alto, Pescadería, las calles que rodean Juan Flórez, A Falperra, Cuatro Caminos, Os Castros, Sagrada Familia, Os Mallos, Bario de las Flores, polígono de Elviña, Os Rosales, Labañou, San Pedro de Visma y Ciudad Jardín, se podrían establecer medidas para controlar el incremento de los precios del alquiler.

Para este año ya existe un tope del 2% fijado por la norma, y para el próximo la subida será del 3%. Es a partir de 2025 cuando las responsabilidad de fijar los incrementos máximos recaerá en las comunidades autónomas.

De cualquier modo, parece evidente que la norma, por si sola, no es suficiente para revertir una situación que viene de décadas sin inversión en vivienda social. Pedro Sánchez pretende poner un total de 50.000 viviendas de la Sareb en el mercado con un alquiler razonable.

Por ahora, el también llamado banco malo no ha movido ficha y se limita a hablar del número de pisos de los que dispone y que estarían en condiciones de ser cedidos a comunidades y ayuntamientos.

El Ayuntamiento de A Coruña, en varias ocasiones, ya ha mostrado su interés por conocer las viviendas que la Sareb tiene en su territorio con la intención de ponerlas en el mercado en el menor plazo de tiempo posible. Del mismo modo, también se ha dirigido al Ministerio de Defensa para conocer de qué parcelas dispone en el municipio, tras el anuncio hecho por Sánchez de que ese suelo se destinaría a la construcción de viviendas.

Sin embargo, parece que ni los pisos en posesión de la Sareb ni las parcelas en manos de Defensa serían suficientes para cubrir ni una mínima parte de las necesidades que tiene la ciudad. En menos de cinco años, el coste del alquiler en A Coruña ha crecido un 24,75%. Las familias tienen que afrontar un desembolso medio de 600 euros por su vivienda, lo que sitúa a la ciudad como la más cara de Galicia.

El sector inmobiliario insiste en que no hay medidas mágicas con las que solucionar este problema. Para él, la clave de todo es la falta de oferta de viviendas y esta carencia solo se podría solventar con la inyección en el mercado de un número suficiente de pisos que hagan que la demanda se suavice. Además cree que las bonificaciones fiscales en el impuesto de la renta previstas para los pequeños propietarios en estas zonas tensionadas no frenará la huida hacia el sector del alquiler turístico que muchos auguran

Europa hace mucho tiempo que apostó abiertamente por la promoción de viviendas públicas, tanto para venta como para alquiler. Por ello, sería preciso que esta nueva ley llegara acompaña de un ambicioso plan de construcción de pisos.