Opinión | EDITORIAL

La necesidad de una buena educación vial

Es habitual hablar de la lentitud de la Justicia. Galicia es uno de los mejores ejemplos del colapso que sufre, con miles de casos acumulados a la espera de obtener una sentencia. Una circunstancia que es más grave si cabe en A Coruña, donde se encuentran las tres salas de la comunidad con mayor volumen de acumulación de causas. Es evidente que la culpa de esta situación la tiene la falta de medios que sufre la Justicia, pero también es verdad que a este monumental atasco contribuyen de una manera muy importante los delitos de tráfico.

En Galicia se producen cada mes 480 condenas por delitos cometidos al volante. Son unos 5.700 conductores, de los que más de 3.000 fueron sancionados por conducir ebrios o bajo los efectos de las drogas. La acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado consiguió retirar de las carreteras a todas estas personas. Sin embargo, los agentes, a la hora de realizar su trabajo, se encuentran con un gran enemigo que son los programas de aviso en redes de la presencia de controles de alcohol o drogas.

Desde Tráfico están muy preocupados por la actividad de estos avisadores que lo que consiguen, en muchos casos, no es otra cosa que personas que no están en condiciones de ponerse frente a un volante puedan esquivar la acción de los agentes, con la peligrosidad para esos mismos conductores y para el resto de usuarios de las carreteras.

Por ello, gracias al trabajo realizado desde A Coruña, la Guardia Civil ha logrado que se multe a una empresa que alerta de los controles y a un particular que manejaba grupos en los que participaban hasta 15.000 conductores. Sin embargo, estas sanciones, las primeras impuestas en España, lo han sido atendiendo a infracciones graves rociadas en la Ley de Seguridad Ciudadana y no en base a las normas de Tráfico.

El Gobierno trabaja ya en la elaboración de una norma específica para este tipo de acciones, que puede ser similar a la que está vigente en Francia, donde avisar de los controles en carretera sale muy caro, ya que se contemplan multas de hasta 30.000 euros y dos años de cárcel, un castigo similar como el que barajan en el PSOE para aplicar en nuestro país.

Sin embargo, todas estas acciones, de poco sirven si la sociedad no es consciente del peligro que entrañan este tipo de aplicaciones y, en primer término, el ponerse al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas. Por desgracia, los índices de mortalidad por accidentes de tráfico, tras años de constantes bajadas, están comenzando a repuntar.

La inconsciencia de muchos conductores les lleva a, por ejemplo, no abrocharse el cinturón de seguridad cuando están en su vehículo. Se trata solo de un gesto que, además, se sabe a ciencia cierta que reduce la posibilidad de fallecer en caso de colisión. Sin embargo, 26 de los 51 fallecidos en turismos y furgonetas en accidentes en Galicia durante el pasado año no lo llevaban. Tampoco lo usaban los 6.200 conductores y ocupantes denunciados a lo largo de 2023 por los agentes de Tráfico.

Falta mucha educación vial y los responsables políticos tendrían que plantearse la idoneidad de, por ejemplo, comenzar con esa concienciación en las aulas, cuando los niños empiezan su formación. Las charlas que ahora mismo se organizan en las escuelas no son suficientes para inculcar en los chavales una realidad que se nos olvida con demasiada frecuencia y es que un coche, en potencia, se puede convertir en un arma si se emplea de una manera incorrecta.