Opinión

El fiscal es una víctima y ha de dimitir

Álvaro García-Ortiz da el perfil del soldado a quien sus comandantes envían a una misión suicida, en la seguridad de que será tiroteado, amortajado y amortizado a las primeras de cambio. Se sacrifica por una causa de izquierdas en la que cree a ciegas, pues la lleva tatuada en el alma. No esperen aquí un giro de guion, se ha cumplido el destino trágico del fusilamiento. Es el primer fiscal general del Estado encausado, aunque buena parte de sus predecesores estarían en la cárcel si se les hubiera sometido a un bombardeo similar. Queda claro que cinco jueces del Supremo jamás de los jamases han comentado un caso fuera del trabajo.

La imputación de un fiscal general forma parte de la causa también general que el Supremo, sometido a querellas de Manos Limpias, tiene abierta contra el Gobierno y que solo se archivará cuando Vox alcance la vicepresidencia del Ejecutivo. Este enfrentamiento sobrepasa al recadero García Ortiz, un peón devoto de Sánchez, el grandullón poco coordinado y desvalido que los psicólogos declaran candidato ideal al bullying que está sufriendo.

Sí, señores, Don Álvaro o la fuerza del sino es una víctima. Sin embargo, tiene que marcharse para salvaguardar un bien superior. Con un auto digno de un alumno de EGB o como se diga ahora, el Supremo ha degradado a España a la condición de democracia tambaleante. El mal está hecho, como deseaban los jueces firmantes, pero la condición de nación paria será insalvable con el principal defensor de la legalidad lastrado por una imputación. En un país en que un juez puede pasearse alegremente por la Moncloa para no tomar declaración al presidente del Gobierno, ni el apoyo mayoritario de sus compañeros de fiscalía puede reflotar a García Ortiz. El Estado no se construye sobre simpatías personales, arrolla los sentimientos para impedir el paso a Leviatán. La renuncia al cargo es el antídoto más eficaz a los jueces horrorizados de que un fiscalillo generalillo compita con ellos en implicación política.

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