El bien común

La democracia, por su sistema de apoyos parlamentarios, permite al que no ganó las elecciones gobernar respaldado por otras fuerzas políticas, que con dos o tres puñados de votos apenas representan el electorado de este país. Que esas minorías puedan imponer sus criterios una y otra vez no es en sentido estricto lo que se dice justo y equilibrado por más que la democracia lo legitime. Que el gobernante al que apoyan esas minorías decida gobernar abusivamente a golpe de decretos para esquivar los escollos en el Congreso es también legítimo, aunque no resulte ejemplarmente democrático. Cuando ese gobernante se reafirma, como ningún otro hasta ahora lo había hecho, en que agotará la legislatura, cueste lo que cueste, con respaldo o a espaldas del poder legislativo la legitimidad que le han otorgado las urnas se halla a un paso de corromperse.

La anomalía que Felipe VI ha sabido desentrañar con motivo de su discurso navideño parte precisamente de la falta de comprensión democrática de los líderes de los partidos. Empezando por el del propio Gobierno «progresista», fruto de la alianza de las dos fuerzas que quedaron segunda y cuarta en las elecciones y de los votos residuales de las minorías periféricas independentistas. Que estas puedan trajinar en interés propio en perjuicio del «bien común» que el Rey reclama es la esencia del drama de convivencia política de España. Un gobernante no debe, si quiere sentirse legitimado, romper los puentes con la realidad, y esa realidad tiene que empezar a descifrarla interpretando lo que los españoles realmente han votado.

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