Opinión
La indemnización de Pallete
El populismo anda revuelto con la indemnización por despido de José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica hasta el 18 de enero. Ese sábado el consejo de la operadora le forzó a dejar el cargo, a instancias de dos de los tres mayores accionistas (el Estado y Criteria) y con la anuencia del resto del núcleo duro. La salida de Pallete despejó el camino para que Marc Murtra asumiera la presidencia, procedente de Indra, en uno de los movimientos corporativos de más alto voltaje de los últimos tiempos.
El contrato mercantil del expresidente era de carácter indefinido e incluía una cláusula de no concurrencia que le impide fichar por cualquier empresa de la competencia, tanto española como extranjera, durante los dos años siguientes a dejar el cargo. En caso de rescisión unilateral por parte de Telefónica, tenía derecho a cobrar un máximo de cuatro anualidades de su sueldo. Cada anualidad comprende el último salario fijo y la media aritmética de la suma de la retribución variable de los dos años anteriores. En 2023, últimos datos disponibles, Pallete devengó un sueldo total de 5,64 millones de euros, que situaría la indemnización en más de 20 millones.
Dolerá a quién dolerá, como a los líderes de Sumar —que consideran que el finiquito de Pallete es «vergonzoso»—, pero el expresidente hará bien en reclamar el importe que le corresponde por contrato. Sobre todo, cuando la indemnización está fijada en la política de retribuciones de Telefónica, que cada año tiene que ser aprobada por la junta de accionistas, a propuesta del consejo. En la última convocatoria, salió adelante con el 92,6% de los votos a favor, a pesar de la abstención del Estado. Además, dicha política establece cláusulas de recuperación de parte de la retribución de Pallete en caso de que aparecieran malas prácticas en los tres años posteriores a dejar el cargo.
España es un país en el que rige la seguridad jurídica y los contratos están para cumplirse, hasta en caso de resolución.
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