Opinión

El juez y la denunciante de Errejón

«Infame». «Un desprestigio». «Indignante». «De vergüenza». Son algunas valoraciones que en privado hacen jueces y juezas sobre el interrogatorio que el magistrado Adolfo Carretero hizo en el caso Errejón, tanto a la víctima, Elisa Mouliaá, como al propio político denunciado por agresión sexual, con quien hace de tertuliano en una mesa política.

En el caso de ella, mucho más hiriente, vulnerando de forma flagrante el Estatuto de la Víctima y la llamada ley del solo sí es sí, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que sin faltar a la presunción de inocencia insiste en que a la denunciante hay que darle condición de víctima mientras se tramita la denuncia y hasta que quede descartada, si llega el caso, la violencia sexual. No se trata de no interrogar.

Es la obligación del juez pero hay que hacerlo sin violentar a la denunciante, sin revictimizarla, dándole espacio para contar su versión y haciendo preguntas de las cuestiones que no han quedado claras, son difíciles de entender o incurren en contradicciones. «Esto no se ha aplicado», explica la abogada Amparo Díaz, que lleva décadas atendiendo a víctimas de violencia machista. El juez la corta en cada momento y la violenta en cada pregunta.

La lástima es que ninguna de esas asociaciones de jueces que toman la palabra para defenderse vía comunicado de las supuestas injerencias del Gobierno, posiblemente con razón en muchos casos, hayan denunciado por escrito la mala praxis del instructor de este mediático caso. Se llama corporativismo. Solo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia se expresó en redes sociales de forma sucinta, pero clara, sobre las prácticas revictimizadoras y el secreto de las actuaciones. Se le olvidó mencionar al juez y censurar su interrogatorio pero algo es algo.

«El lenguaje de Adolfo Carretero era propio para ‘Machos Alfa’ e inadecuado en una sala de vistas»

Oyendo al magistrado se pasa de la vergüenza a la indignación. No se puede pedir a las mujeres que denuncien, asegurarles que la justicia es el espacio más seguro para denunciar una agresión sexual. No se las puede convencer de que ni las redes sociales ni los platós de televisión son el lugar adecuado. Que las denuncias anónimas no son el camino. Que existen instrumentos para protegerlas y oírlas sin tener que ser sometidas a la Santa Inquisición de la moral y después sentarlas delante de un señor como el juez Carretero, que a sus 67 años debe de haber pasado años sin haber acudido a un curso de formación o preparación para saber qué es la perspectiva de género o la violencia sexual.

El lenguaje del juez era propio para un diálogo de Machos Alfa que parodie el machirulo reinante pero inadecuado en una sala de vistas. La denunciante no tiene que demostrar si forcejeó o si dijo que parara. Hay incredulidad y reproche en el tono del juez. La ley deja claro que no importa si dices o no que pare el supuesto agresor sino que lo importante es si antes la mujer dio un consentimiento expreso o sus actos han dado a entender eso sin que se haya retirado. El juez tiene que indagar preguntando a la víctima pero ¿preguntarle si Errejón se sacó el pene y si ella sabía para qué? Para qué va a ser, su señoría.

No son, ni mucho menos, mayoría los jueces que han quedado en las cavernas pero los hay. Esto puede disuadir a muchas víctimas de denunciar y es importante que sepan que hay muchas medidas para protegerlas. El abogado debe conocer bien de antemano cómo es el juez, cuál es su estilo interrogando, deben ir bien acompañadas y tienen derecho a pedir acompañamiento de la psicóloga de los servicios de atención a las víctimas o aportar informes psicológicos previos donde se vea su estado.

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