A Coruña pone coto a los pisos turísticos

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de A Coruña, tanto para quienes quieren comprar un inmueble como para los que optan por el alquiler. A Coruña es ahora mismo la ciudad con el precio del arrendamiento más alto de Galicia después de que durante el pasado año creciera un 12,9%. Además, ningún barrio de la urbe herculina se libra de esta situación. Las administraciones han puesto en marcha diferentes iniciativas que buscan intentar revertir esta situación. Desde la promoción de viviendas públicas para destinarlas al alquiler social iniciada por la Xunta y el propio Concello coruñés hasta la creación de una empresa pública que se encargará de la promoción de pisos en suelo del Estado, promovida por el Gobierno.

Según los expertos, uno de los factores que ayuda al encarecimiento de los precios del alquiler es la existencia de un elevado número de viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. En A Coruña, en la actualidad, hay 1.357 pisos registrados para alquiler turístico, aunque esta cifra sube de modo significativo si se incluyen en el listado aquellos que operan de forma alegal. El número de VUT es muy elevado y su crecimiento es exponencial. En 2017, cuando se iniciarion los registros solo había 62. El Concello ha decidido ahora aprobar una normativa para regular este tipo de viviendas, limitando su proliferación de modo indiscriminado por toda la ciudad.

El gasto en alquiler supone más del 30% de la renta en ocho de los diez distritos de A Coruña

Con la nueva regulación, solo podrán dedicarse para el alquiler turístico las plantas bajas y los primeros pisos de los inmuebles o, en su caso, edificios enteros. Además, el Concello contempla la posibilidad de declarar «zonas tensionadas» cuando la presencia de este tipo de viviendas sea muy elevada en un área concreta, algo que en la actualidad se produce en todos los distritos de la ciudad, según el Gobierno local. Para determinar el exceso de VUT se establece un baremo máximo de 0,5 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes. Por ejemplo, en la Ciudad Vieja, que cuenta con una población censada de alrededor de 13.000 habitantes, el número máximo permitido de viviendas de uso turístico sería de 65. Otra cuestión que incluirá la ordenanza es la necesidad de que este tipo de pisos estén dados de alta en Hacienda como actividad económica y se aplicará una cuota específica para las VUT en la tasa de recogida de basuras de 10,33 euros por habitación, con un mínimo de 66,86 euros por piso.

Evidentemente, esta acción por sí sola no será suficiente para conseguir que baje el precio de la vivienda de alquiler en la ciudad o que aumente el número de pisos a disposición de los ciudadanos. Aun así por todo el mundo hay casos que muestran resultados positivos tras la aplicación de restricciones. Uno cercano es el de Barcelona, donde los alquileres en algunas zonas dejaron de subir al ritmo anterior y, en algunos casos, bajaron o el de Ámsterdam, que tras limitar los alquileres turísticos a un máximo de 30 días al año y exigir licencias, logró un ligero aumento en la oferta de viviendas de alquiler a largo plazo.