El futuro de la vivienda pública en A Coruña

El alza de los precios de la vivienda se ha convertido ya en el principal problema para los españoles, tal y como recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas en sus encuestas periódicas. A Coruña no es ajena a esta situación después de vivir un 2024 en el que subieron aún más los precios de los inmuebles de compraventa (ya similares a los que se registraban durante la burbuja inmobiliaria) y de los nuevos alquileres, que pulverizaron la barrera de los 600 euros en todos los barrios de la ciudad.

Los expertos apuntan a que estamos ante una «emergencia habitacional» frente a la que las administraciones, después de muchos años de inacción, han comenzado a dar pasos en un intento por corregirla. Las actuaciones se articulan en torno a diferentes iniciativas. Una de ellas es la declaración de A Coruña como zona tensionada. Si la Xunta acepta este planteamiento supondría el establecimiento de topes para los precios del alquiler en las zonas más caras. También en esa línea van las restricciones que se pretenden aplicar a la proliferación de viviendas de uso turístico, con las que el Concello busca poner en el mercado de arrendamiento un mayor número de pisos .

Sin embargo, la iniciativa más relevante y la que, según los expertos, es la única capaz de poner coto al problema, es la construcción de viviendas a través de la promocion pública y la protección oficial. En este sentido, ahora mismo, en A Coruña se están desarrollando o comenzarán en breve, varios proyectos que servirán para poner en el mercado más de 2.700 pisos de protección oficial en menos de cinco años.

A esta cifra hay que añadir las viviendas que se podrán construir gracias el cambio de uso de varias parcelas por toda la ciudad. Un poco más lejos en el calendario, pero no por ello menos importante, está la iniciativa del Gobierno gallego que pretende promover hasta 4.300 viviendas en Monte Mero —una zona entre Alfonso Molina, la Ciudad de las TIC, Xuxán, Pedralonga y la avenida de A Pasaxe—. Del total se contempla que solo una quinta parte sean libres, lo que supondría que el resto, casi 3.500 serán públicas o protegidas. Además, muchas de ellas estarán destinadas a alquiler social. Si no se producen retrasos, está previsto que las obras de urbanización comiencen en 2028.

Este frenesí promotor por parte de las administraciones lo es todavía más si se tiene en cuenta que en los últimos doce años solo se han construido en la ciudad 40 viviendas sociales. Por ello, es muy difícil calcular cuál será el impacto de estas nuevas promociones. A mediados de enero del año pasado eran unas 2.430 las personas que estaban inscritas para poder optar a una vivienda social en A Coruña. En el mes de julio, la cifra ya había subido a casi 2.800, y ahora mismo la Xunta ya tiene registradas más de 3.5oo peticiones, lo que supone un incremento del 45% en doce meses. Eso sí, el sector coincide en que la cifra no oscila porque haya más o menos necesidad de vivienda, sino que los postulantes se apuntan cuando tienen esperanzas de obtener pisos y presagian que ni con todos los proyectos finalizados, la oferta será suficiente para cubrir la demanda existente.