Por una sanidad sin violencia

El pasado 3 de febrero, un paciente que presentaba problemas psiquiátricos atacó con un arma blanca a un enfermero y a un vigilante de seguridad en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). El primero tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una puñalada en el costado, mientras que el vigilante recibió cinco puntos en la cara por un corte que le propinó su agresor.

Este suceso fue la gota que colmó el vaso y el personal sanitario alzó la voz para reclamar medidas contra el aumento de este tipo de episodios violentos. Nunca, desde que se tienen registros, se habían computado tantas agresiones a médicos en Galicia. El pasado año fueron notificados a los colegios profesionales 17 casos. Esto supone un incidente cada veinte días. Y estos son solo los que se comunican o se denuncian, pues en la mayoría de las ocasiones estas situaciones no trascienden. Además, los facultativos no son los únicos que sufren los ataques: enfermeras, celadores y hasta personal administrativo están expuestos a este tipo de agresiones. El Ministerio de Sanidad informó de que a lo largo de 2024 se contabilizaron 16.558 incidentes en el ámbito sanitario, también la cifra más elevada desde que existen registros en nuestro país.

Ante esta grave y preocupante situación, la Xunta decidió tomar medidas y anunció la inminente modificación de la Lei de Saúde para elevar la protección de la plantilla sanitaria y castigar con multas económicas a los agresores. Además, establecerá que las gerencias de las áreas sanitarias estarán obligadas a comunicar a la Fiscalía esos ataques, incluso cuando las víctimas no presenten denuncia. La Asesoría Xurídica se personará en las causas penales por atentado al personal sanitario y prestará asesoramiento legal a la víctima, que también recibirá apoyo psicológico.

Sin embargo, según los datos de la Organización Médica Colegial, los agresores suelen ser pacientes, mayoritariamente mujeres, disconformes con la asistencia médica que están recibiendo y que lanzan amenazas, coacciones, insultos o vejaciones a su facultativo. Solo se producen lesiones en el 11% de los casos y, en la mitad de las ocasiones, estas situaciones suceden en Atención Primaria. Por ello, las medidas promovidas desde el Gobierno gallego tienen que ir acompañadas de otras que se deben adaptar al día a día de los profesionales y que sirvan para salvaguardar la seguridad en sus puestos de trabajo.

Acciones que van desde la extensión del «botón del pánico» a todas las áreas del hospital hasta una mayor presencia de vigilantes de seguridad en los centros o la separación de los pacientes potencialmente peligrosos, como los de las zonas psiquiátricas. También es fundamental que se forme al personal para saber cómo manejar las situaciones de violencia que se le pueden presentar en su trabajo.