Votar a los 16

Se anuncian nuevas modificaciones parciales de la ley electoral. El Gobierno aprobó un anteproyecto de ley presentado por el titular de Interior, que se inscribe en el Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Ejecutivo en septiembre, en réplica del homónimo de la Unión Europea, e incorpora dos obligaciones: una, la de organizar en cada proceso electoral un debate en medios de comunicación públicos, al que deberán acudir «las fuerzas políticas que compitan en esos comicios salvo causa justificada aceptada por la Junta Electoral», y otra, la de publicar los microdatos de las encuestas realizadas en período electoral. Por su parte, Sira Rego ha dicho que en las próximas semanas llevará al Consejo de Ministros un borrador de ley de Juventud en el que figura como «elemento central y sustancial» el derecho a votar a los 16 años. La ministra del ramo ha alegado para justificar la iniciativa que es una demanda histórica de los jóvenes.

Las referencias facilitadas por La Moncloa, muy escuetas, no presentan la letra de los textos legislativos, que aún no han sido enviados al Congreso para emprender su trámite parlamentario. Es previsible que haya discrepancias entre los grupos parlamentarios respecto a las tres reformas y que fijen diferentes posiciones, singularmente en relación con la edad electoral, sin duda la innovación de mayor impacto. La ministra de Juventud, que pertenece a Izquierda Unida, y por tanto a Sumar, confía en que el PSOE apoye la incorporación de los jóvenes de 16 y 17 años al censo electoral, en coherencia con la propuesta aprobada en el congreso federal celebrado en noviembre, pero reconoce que todavía no ha habido conversaciones a tal fin entre los socios del Gobierno. La ministra portavoz ha declinado hacer cualquier comentario, escudándose en que el asunto no ha sido abordado de manera formal en el pleno gubernamental de cada semana. Aunque es conocida la postura favorable de varios partidos nacionalistas y de izquierdas, el derecho a votar a los 16 no tiene asegurada la mayoría absoluta del Congreso requerida para su aprobación.

A la espera de los detalles sobre los participantes, los medios y las reglas de los debates electorales, la imposición por ley de la obligación de los candidatos de acudir a ellos ya ha encontrado oposición. La publicación íntegra de los ficheros de las encuestas electorales tiene una importancia limitada para los votantes. El reconocimiento legal del derecho de sufragio activo a los 16 no dejará de suscitar un interesante debate. Los argumentos a favor y en contra resultan convincentes por ambos lados y su peso en la opinión pública está muy equilibrado. La democracia es inclusiva por vocación y ha tendido siempre a la ampliación del censo electoral, incorporando a los trabajadores, las mujeres y inmigrantes, pero ni la evaluación psicológica del desarrollo personal del joven ni la experiencia de los países que han establecido el voto a los 16, descartados ciertos reparos con escaso fundamento, resultan concluyentes.

Causa sorpresa que estos cambios en el sistema electoral no obedezcan a un plan coordinado en el seno del Gobierno, sino a la libre decisión de dos ministerios incomunicados, que sin embargo han coincidido en hacer públicas al mismo tiempo sus intenciones. Más llamativo es el contraste entre las reformas que se proponen y las que, una vez más, se posponen sin explicación alguna. Es inevitable aludir de nuevo a la prohibición de publicar encuestas en los cinco días previos a la jornada electoral y a las listas bloqueadas, que minusvaloran la capacidad del votante, limitan su participación y amenazan con hacer de España un caso único. Las críticas expresadas durante casi medio siglo aconsejan revisar la aplicación efectiva del principio de proporcionalidad en la atribución de los escaños a las circunscripciones y su posterior reparto entre los partidos. Convendría asimismo revisar el procedimiento seguido en la elección de los senadores, si de verdad se quiere que la Cámara Baja sea la representación de las comunidades autónomas. El carácter preferente de estas reformas, y otras, como las incompatibilidades, que redundarían en beneficio de nuestra democracia algo maltrecha, está avalado por un amplio consenso entre expertos, organizaciones cívicas y ciudadanos, del que se excluyen los grandes partidos, y contó con el respaldo que el Consejo de Estado puso por escrito en el informe emitido en 2009.

Son contados los países en que los jóvenes de 16 años pueden votar en unas elecciones generales. Pocos más han optado por hacer la prueba primero en elecciones de segundo orden. Esta parece ser la idea que sale del ministerio de Juventud. Habrá que debatir la cuestión, pero el sistema electoral español, diseñado por la Ley para la Reforma Política de 1977, consagrado luego por la Constitución y la ley electoral vigente de 1985, necesita una reparación urgente en algunos de sus elementos básicos, que se han quedado obsoletos. Llevamos dos décadas en continuo debate sobre nuestro sistema electoral. En 2023 se clausuró la subcomisión creada en el Congreso para su estudio dos años antes sin que presentara su dictamen. La reforma del Gobierno, erigido en bastión de la democracia, no es una prioridad, consiste en dos retoques y resulta contradictoria. Es otra la que reclama sin demora nuestro sistema electoral.

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