Lección de impunidad

Con los argumentos esgrimidos en la ponencia sobre la amnistía –filtrada antes de su deliberación por motivos evidentes– se llega a la conclusión de que un acto delictivo por grave que sea puede quedar impune si en ello obra un interés general. Menos mal que al Constitucional, según la magistrada autora del texto, no le incumben las razones políticas que llevaron a Sánchez a conceder el perdón a los golpistas del 1-O. El Tribunal Supremo se ha apresurado a aclarar, por si el asunto se presta a delirantes interpretaciones, que los delitos de malversación de los sediciosos quedan al margen de esta imaginativa muestra del derecho alternativo que encaja una amnistía con calzador donde no debería existir y que los malversadores y trincones nada tienen que ver con la Carta Magna. De ahí que Puigdemont deba seguir, al menos por ahora, asumiendo su realidad y los españoles pagándole al prófugo el voluntario y dorado exilio de Waterloo.

Tampoco es creíble, salvo para quienes comulgan con ruedas de molino, que Sánchez concediese la amnistía por razones de concordia y convivencia. Todos sabemos que la impunidad es a cambio del apoyo parlamentario para ser investido y poder mantenerse en el Gobierno. Si realmente primase el interés general sobre el particular, habría amnistiado ya en la anterior legislatura, no en el momento en que necesitó a los socios amnistiados. No importa, es la propia perversión del sistema la que induce a la aberración: presumiblemente en un gobierno de centroderecha una mayoría proclive habría decantado la balanza a su favor sobre cualquier otro asunto constitucional. Los llamados conservadores se hubieran impuesto a los pretendidos progresistas. La grave anomalía está precisamente en que los magistrados sean nombrados por los políticos empujándolos así a declararse de un bando o del contrario.

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