Una necesaria transparencia en las concesiones

La lucha contra la opacidad resulta uno de los mejores antídotos contra el uso ineficiente de la res publica, sea a través de dinero, propiedades o servicios. Hace casi dos décadas, el bipartito lanzó una ley de transparencia que abrió un camino seguido después por la Xunta del PP y por el Gobierno central, en sintonía con los nuevos tiempos de accesibilidad a la información y de mayor responsabilidad en la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Sin embargo, quedan áreas en el ámbito público donde todavía se vive en penumbra y no llega la luz que demanda la población. Una de ellas es la de las concesiones municipales, es decir, la explotación por parte de empresas privadas de bienes o servicios públicos a cambio del pago de un canon.

Un informe de la Comisión Galega da Competencia (CGC) alertaba recientemente de que la mitad de este tipo de concesiones en las ciudades gallegas operaba sin contrato en vigor: 10 de las 21 analizadas. Sus conclusiones resultan un toque de atención, sobre todo en momentos como los actuales donde se revelan prácticas presuntamente delictivas al hilo de contrataciones públicas. La CGC detectó «fallos sistémicos» en la gestión de las concesiones, «deficiencia estructural» y uso abusivo e indebido de las prórrogas de los contratos, bordeando infracciones legales, en muchos casos por falta de medios municipales o desidia.

Por ese motivo, es necesario que cunda el ejemplo del Concello de A Coruña, que ha dedicado más de dos años a un trabajo para detallar la situación de sus 170 concesiones, de las que 104 presentan actividad económica y algunas de las cuales no han abonado el canon correspondiente al Ayuntamiento por permitirle explotar ese contrato.

Hoteles, aparcamientos, una farmacia, quioscos, gasolineras... La panoplia de concesiones y casuísticas es enrevesada, con casos de empresas que cumplen escrupulosamente sus obligaciones y otras que acumulan años de deudas . Más sonrojante resulta que los técnicos del Concello tuvieran casi que realizar una labor de investigación para descifrar el responsable último de alguno de esos contratos.

Muchos de los más opacos datan de finales de los años 80, intensificando todavía más la estupefacción al comprobar cómo ninguna área municipal detectó desde entonces estos agujeros negros en el erario público, que además resultan injustos con quienes sí pagan su canon y cumplen su contrato escrupulosamente.

El Concello ha dado un paso más y amenaza a los concesionarios deudores con rescatar el contrato y licitarlo de nuevo si no pagan sus deudas antes de 2026. Esperemos que su advertencia surta efecto y llegue la luz donde hasta ahora solo había sombras.

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