Pactar un escudo contra las llamas

El rostro desolado de Samuel Viera ilustraba este jueves el sentir de los afectados por los incendios que desde esta semana castigan no solo Galicia, sino gran parte de la Península Ibérica, con una virulencia agravada por la extrema ola de calor, el viento y la polémica sobre la inversión en prevención. «Lo he perdido todo», sostenía Samuel antes de reconocer que la ropa que llevaba puesta era todo lo que le quedaba tras arder su casa y su coche pasto del fuego en la aldea de A Caridade, afectada por los incendios de Oímbra y Monterrei.

La virulencia de la ola incendiaria en la comunidad, especialmente en la provincia de Ourense, hace de este agosto de fuego el más grave de los últimos dieciocho años. Los megaincendios de las últimas semanas sitúan a Galicia ante la quinta peor ola de llamas de este siglo. De su gravedad y de las extremas condiciones de su combate daba cuenta el propio director general de Defensa do Monte: Manuel Rodríguez: «Es una situación compleja, probablemente la peor vivida en la historia de los incendios de Galicia y su dificultad empieza a desbaratar los servicios de emergencia». Bomberos, militares y vecinos luchan sin tregua contra el avance devastador de las llamas, poniendo incluso en riesgo sus propias vidas —tres brigadistas se encuentran en estado grave y están hospitalizados en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña— y en Castilla y León y Madrid el balance es ya de tres muertos.

El fuego no distingue territorios. Afecta con dureza a otras comunidades como Castilla y León, Asturias, Extremadura, Andalucía, Madrid o el Levante. También a los vecinos Portugal y Francia y a otros países europeos. Estos fuegos se han visto alimentados por una ola extrema de calor que azota la Península, por la falta de humedad, las fuertes rachas de vientos y la sequía. Son los que los especialistas denominan megaincendios, que comprenden fuegos de cuarta generación, es decir los que avanzan de zonas forestales a urbanas; de quinta generación, esto es, incendios simultáneos extremos y con afectación de zonas urbanas; y de sexta generación que son aquellos capaces de modificar el clima local y que resultan muy difíciles de apagar con los medios convencionales. Estos incendios están directamente relacionados con el cambio climático pero no solo son atribuibles a él. Hay otros factores a tener en cuenta. La despoblación rural, el abandono de la agricultura y ganadería en estas zonas, los cambios en el uso del suelo y una gestión forestal insuficiente provocan la acumulación de gran cantidad de vegetación seca que actúa como combustible y que hace que los fuegos avancen a gran velocidad, sobrepasando las capacidades de extinción. El campo sin actividad, vacío de población, se convierte en un polvorín. Si a ello se suman acciones humanas negligentes o incendiarios sin escrúpulos, la mecha está servida. Por ello, un abordaje integral de la política de incendios ha de tener en cuenta todos estos factores.

Nuestra comunidad posee experiencia en la lucha contra el fuego, una cuestión que parecía haberse atajado. Durante la última década, la media de hectáreas ardidas ha sido de 18.554 por ejercicio, una cifra distorsionada por los fatídicos 2017 y 2022, en los que se calcinaron 62.096 y 51.642 hectáreas, respectivamente. En el primer caso, el grueso se produjo en unos días aciagos del mes de octubre. Este verano casi hemos llegado a las 51.000, 19 veces más que el dato del año pasado. En toda España se rebasan las 160.000, el triple que en 2024. De esa cifra, más de 115.000 corresponden a agosto.

Mientras la población sufre, con miles de evacuados de sus casas o confinados en ellas; miles de viajeros afectados en pleno agosto por los cortes en carreteras, autovías y trenes —es la primera vez que una línea de Alta Velocidad (la que une Galicia y Madrid) está cortada durante cuatro días seguidos por la proximidad de las llamas— y el patrimonio material y natural de todos se calcina, el debate político nacional ha virado hacia el decepcionante «y tú más», con Gobierno y PP culpándose mutuamente de los fallos en la gestión de esta catástrofe medioambiental, que también está castigando con virulencia a gran parte del sur de Europa.

Las políticas de prevención y extinción de incendios son claramente una competencia autonómica. En el caso de Galicia, la Xunta aprueba anualmente su plan de actuación (Pladiga), mientras que el Gobierno debe aportar medios humanos —fundamentalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME)— y materiales en caso de necesidad. De hecho, el Gobierno gallego viene de requerir muchos más medios materiales y humanos al Ejecutivo central, que se ha comprometido a dar respuesta, ante la voracidad de los fuegos. Ayer mismo, Rueda reclamaba al menos 200 soldados además de los dispuestos por la UME y todos los medios disponibles para ayudar en las tareas de extinción. Sánchez hará hoy acto de presencia en los montes de Ourense ante la magnitud del combate mientras Feijóo lleva días reiterándole la necesidad de que envíe el Ejército a las zonas afectadas del territorio nacional para dar apoyo urgente.

Ordenar el monte y darle valor resulta imprescindible para acotar los daños. Estos días resuena el mantra de que los incendios se combaten en otoño con las políticas de prevención, y más teniendo en cuenta que apagarlos es mucho más caro que evitarlos, pero la dimensión de esta lengua de fuego en el sur de Europa y las tórridas temperaturas inéditas, que se sucederán en los años venideros, invitan a reflexionar todavía mucho más allá sobre el impacto del cambio climático y la hercúlea tarea de afrontar la lucha contra un tsunami de llamas en un contexto tan propicio para su expansión.

Extraer lecciones de todo ello resulta así pues apremiante. Igual que reflexionar sobre cómo mejorar la efectividad en la persecución de los incendiarios que queman montes y en endurecer las penas, a pesar de la dificultad para cazarlos in fraganti y condenarlos y de que no son los únicos en causar estos incendios de sexta generación. Ni el 1% de los incendios provocados, en el caso de Galicia, acaba con los autores en el banquillo. Es necesario reforzar la investigación con más medios humanos y tecnológicos para conseguir pruebas determinantes que eviten que los delincuentes se beneficien de la impunidad. Y hacer mucha más pedagogía para que la gente del rural denuncie también a los sospechosos de prenderlo si están en su entorno.

Urge un gran pacto político que reconozca las competencias de cada cual, no repita los cruces de acusaciones de la gestión de la dana de la Comunidad Valenciana y que priorice actuaciones para adaptar no solo el monte al nuevo contexto climático, sino también el comportamiento de todos nosotros. Porque también exige un cierto cambio cultural que pase por asumir el papel ecológico y social que ejerce el fuego, lo que puede suponer, en ocasiones determinadas, decidir dónde se puede dejar que los incendios ardan de manera acotada y dónde se deben redoblar todos los esfuerzos para evitar los daños en zonas habitadas y espacios naturales cuya protección es prioritaria. Unas medidas que además deben acompañarse de la mayor recuperación de actividades agrícolas y ganaderas.

Para ello, sin embargo, hacen falta también legislaciones más favorables que faciliten estas sendas.

Igual que mejorar las condiciones laborales de los brigadistas —en Galicia contarán el año próximo con contratos de nueve meses cuando hace una década eran de tres— y no escatimar en prevención, asumiendo el consenso de que nos adentramos en una era de incendios cada vez más devastadores.