Menores y bebidas energéticas

En unos tiempos en los que el consenso político se convierte casi en una quimera y el ruido debilita el debate público, destaca el acuerdo general en el Parlamento gallego entre PP, BNG y PSdeG sobre la necesidad de prohibir las bebidas energéticas a los menores de edad, una decisión que pretende velar por la salud de los más pequeños.

Galicia fue pionera a finales de 2023 al poner en marcha un proyecto legal para evitar que niños y adolescentes pudiesen adquirir y consumir este tipo de productos, equiparándolos, de facto, al alcohol e incorporando a ese veto los vapeadores, al considerar que no solo dañan también la salud, sino que son la puerta de entrada al tabaco de los adolescentes.

La redacción del texto legislativo se atascó y el adelanto de las elecciones autonómicas al 18 de febrero del año pasado, acortando el calendario cinco meses y obligando a activar de cero la tramitación parlamentaria de los proyectos legales que habían quedado en el tintero en la Cámara. Los planes iniciales del Gobierno gallego no se han cumplido, pero el calado de esta nueva legislación resulta más importante que la urgencia.

Es habitual observar decenas de adolescentes rumbo a sus institutos a primera hora de la mañana con latas de medio litro de estas bebidas energéticas, que contienen, de media, 32 miligramos o más de cafeína por cada 100 mililitros. Una lata de medio litro equivale a dos cafés expresos. A ello, se une su alto contenido en azúcar, que en una lata de medio litro alcanza las 240 calorías, el 10% de la energía de una dieta convencional.

Las cifras de consumo crecen de forma constante, con un aumento del 48% en el último lustro hasta alcanzar los 54.000 estudiantes de 14 a 18 años que las consume de forma regular cada mes.

El sistema sanitario gallego ya ha detectado incluso casos de niños con alteraciones del sueño inducidos por el abuso de estas sustancias, según reconocía la propia Consellería de Sanidade. Son casos excepcionales, pero que deberían alertar a la población más que a las propias autoridades. Porque el veto legal a este tipo de refrescos debe ir acompañado de una actitud preventiva y responsable por parte de los padres y madres de los niños, apostando por una alimentación saludable. Si a nadie se le ocurre que un chaval de 14 años se tome a las 8 de la mañana tres cafés expresos seguidos, tampoco se debería normalizar que entren en clase con medio litro de los citados productos.

Sanidade reconoce precisamente que «existe evidencia sustancial que sugiere que los riesgos que las bebidas energéticas representan para la salud son increíblemente peligrosos y no deben ser consumidos por niños y adolescentes».

Aunque BNG y PSdeG critican numerosos aspectos de la nueva legislación que pondrá coto a estas sustancias y a los cigarrillos electrónicos y proponen cambios, resulta esperanzador que exista consenso en el punto clave de la reforma entre ambas formaciones y la Xunta, impulsora del texto legal y cuya aprobación está garantizada gracias a la mayoría absoluta del PP.

La tramitación del texto arranca el martes. Es hora de que la salud de los menores logre un respaldo unánime.