Otra decepción con la AP-9

La Autopista do Atlántico (AP-9) constituye un rentable negocio privado y una infraestructura fundamental para la movilidad de Galicia, al ser la principal vía de comunicación del Eje Atlántico, de Ferrol a Tui. Desde hace años, la clase política gallega ha mostrado unanimidad para reclamar la transferencia de su titularidad a la Xunta, lo que daría mayor capacidad a esta para fiscalizar a la concesionaria o explorar el procedimiento de rescate.

Pero los sucesivos gobiernos de PP y PSOE han dado al traste con esa aspiración legítima. Durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, los populares torpedearon la tramitación de la proposición de ley emanada de la Cámara Legislativa gallega, de la misma manera que los socialistas de Pedro Sánchez han actuado ahora. Esta semana el Ejecutivo puso las cartas boca arriba después de que en junio del año pasado el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartase la operación porque costaría, alegó, hasta 6.600 millones de euros —4.000 del rescate de la concesión y la eliminación de peajes y entre 1.260 y 2.600 de la transferencia—, replicando los argumentos empleados en su momento por la Administración Rajoy y sin explicar el método de cálculo.

El pasado miércoles, el PSOE, partido que gobierna en coalición con Sumar, registró enmiendas a la última proposición de ley aprobada en Galicia por PP, BNG y PSdeG, descartando la transferencia y mostrando su disposición únicamente a una cesión limitada de competencias sobre la gestión. Permitiría a la Xunta proponer cambios en las condiciones del contrato o rebajas de peajes, pero debería asumir los costes. Además, la decisión final seguiría en manos de Madrid.

La justificación es la de siempre. La AP-9 conecta con Portugal, enlaza cinco puertos de interés general y los tres aeropuertos, por lo que goza de un carácter estratégico que obliga al Gobierno central a mantener su control, un argumento que no se aplicó para poder transferir a Euskadi la AP-8. En los 90, Cataluña asumió también las autopistas AP-17 y la AP-19, renombradas C-32 y C-33. De nuevo, Galicia se queda atrás frente a las otras dos comunidades históricas. En la comparación con Madrid también pierde, pues el Gobierno abonó 1.000 millones para rescatar las radiales quebradas de esta comunidad y la factura podría subir por la reclamación de las empresas.

El momento actual, sin embargo, resulta radicalmente distinto a la etapa de Rajoy y una oportunidad perdida. El pasado mes de julio, la Comisión Europea declaró ilegal la prórroga de la concesión hasta 2048 aplicada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar (PP), ampliando al máximo legal el mantenimiento de la autopista en manos privadas a cambio de que la empresa concesionaria asumiese el coste de las obras de ampliación, un modus operandi ya aplicado antes por Felipe González. Las instancias europeas sostienen que esa prórroga suponía una «modificación sustancial» de las condiciones equivalente a una nueva concesión, por lo que debería haber sido sacada a concurso. Sospecha que se buscaba encarecer la privatización de la carretera.

El dictamen comunitario —se penaliza a España, por cierto— abría una vía para el rescate de una autopista que mantiene unos de los precios más altos de España, condicionando la vida de miles de ciudadanos, pero el Gobierno ha recurrido el fallo europeo, desistiendo de plantear esa batalla. El PSOE se ha puesto de perfil y ha dado la espalda a las aspiraciones de Galicia y de sus compañeros de partido en la comunidad, dando un portazo a explorar esa opción de rescate que dejaría en manos públicas la autopista.

El problema de fondo que traslada este rechazo a que Galicia controle una autopista fundamental para su población y su economía es el escaso peso político de nuestra comunidad. La hemeroteca demuestra que ni PP ni PSOE han cumplido en Madrid con las aspiraciones trasladadas desde el Parlamento gallego y las promesas realizadas en nuestra tierra.

Los socialistas se amparan en la política de rebaja de peajes que han aplicado para descontar en un 75% el coste de viajar por la AP-9 para los conductores habituales que realicen la ida y vuelta en un plazo de 24 horas —si no realizan un mínimo de viajes la rebaja es del 50%—, pero se trata de un parche que mantiene el gasto de recursos públicos en una infraestructura más que amortizada —82 millones de euros este año— y que, además, excluye a quien no utilice el pago telemático. Para estos, viajar desde A Coruña a Santiago y volver les cuesta casi 17 euros en peajes. Mientras, Itínere, dueña de la concesionaria Audasa, ha logrado 365 millones de beneficio neto desde la denuncia de la prórroga de la concesión, tramitada en 2019.

En unos tiempos en los que el descrédito en la política crece, favorecido por la desinformación en las redes sociales y la prevalencia de la instantaneidad en una sociedad donde prima la toma de posiciones rápida frente al análisis reposado, los giros de 180 grados por parte de los partidos alimentan el distanciamiento entre estos y los ciudadanos.

En este caso, comprobar que los gallegos seguiremos pagando por usar una autopista amortizada y cuya concesión se amplió ilegalmente mientras el Gobierno central no mueve un dedo para reparar esa injusticia alimenta el sentimiento de aldraxe de una ciudadanía gallega a la que se le dan cada vez más argumentos para sentirse decepcionada, maltratada y discriminada.