La ‘ley de nietos’ precisa más medios

El pasado día 22 de octubre finalizó el plazo fijado en la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, para que los descendientes de españoles en la diáspora pudieran solicitar el pasaporte español y lograr así una doble nacionalidad que les permitiría acudir a cualquier comunidad autónoma para iniciar un proyecto vital.

La norma recibió luz verde de las Cortes Generales en octubre de 2022 incorporando una medida para que no solos todos los hijos y nietos de exiliados o emigrantes españoles pudieran acceder a la nacionalidad española, dando continuidad a la impulsada en 2007 por el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Respecto a aquella ley, la actual extendía el paraguas también a bisnietos e incluso tataranietos de emigrantes españoles de una manera indirecta y en varias fases, lo que disparado las peticiones y la búsqueda de documentación.

Esta legislación pretende ser una «medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio», según figura en el texto, y para demostrar los vínculos familiares con españoles los solicitantes acuden a registros civiles o a la propia Iglesia en busca de documentos que muestren sus parentescos en un proceso que ha supuesto un aluvión burocrático.

No existen datos oficiales sobre los beneficiarios de esta medida, pero el Gobierno central estima que rondarán los 1,5 millones de ciudadanos. De ellos, la mitad contarían con parientes gallegos, un dato que evidencia el impacto de la diáspora en nuestra tierra, según los cálculos del colectivo Hijos y Nietos de Españoles.

Esta avalancha de solicitudes, avivada por la crisis que experimentan países sudamericanos con una amplia colonia gallega como Argentina o Venezuela, ya está colapsando los consulados, un tapón que requiere que el Gobierno habilite más medios de refuerzo para agilizar tareas burocráticas y que no se eternicen durante años. Ya designó más personal a esta cuestión, pero el volumen de expedientes evidencia la necesidad de un mayor esfuerzo.

La importancia de esta cuestión no resulta menor en territorios envejecidos como Galicia, que cada día suma 18 jubilados nuevos y donde el gasto en pensiones supera los 900 millones de euros mensuales. A pesar de alargar la edad de retiro, el envejecimiento irá empeorando el balance entre trabajadores y jubilados en una comunidad donde el 27% de la población supera los 65 años.

Sectores como hostelería, automoción o construcción ya alertan sobre falta de mano de obra y, a pesar de que las cifras de desempleo resultan positivas en la comunidad, el peso de la pirámide poblacional crece a partir de 65 años.

Coinciden así dos necesidades para que el Gobierno dote de medios suficientes a los consulados encargados de tramitar las peticiones de nacionalidad. Galicia precisa savia nueva para no menguar como sociedad e inyectar dinamismo a su tejido socioeconómico y los descendientes de la diáspora merecen que se atienda lo que la legislación considera un derecho: que logren el pasaporte español.