Noticias políticas para tapar las fiscales

Es tal la superposición de noticias, que ya no se sabe cuál se quiere tapar. La Sala Segunda del Supremo dio a conocer el fallo condenando al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, a dos años de inhabilitación sin haber redactado la sentencia. Había prisa, seguramente. La dio a conocer el 20-N, o sea en el 50 aniversario de la muerte de Franco. Así se habló menos de Franco; aunque quizás se hizo coincidir con lo de Franco para que se hablara menos del enigma que supone esa condena, ya que existe un principio fundamental en Derecho Penal: si no hay pruebas, no hay condena. Salvo en este caso, que ya aclarará, o no, la redacción de la sentencia.

Por si fuera poco, en esos días agitados se dio a conocer el nuevo informe de la UCO sobre el número tres socialista Santos Cerdán, lo que habilitó a otro juez para dejarlo en libertad después de cuatro meses y medio de prisión preventiva. O sea, después de 135 días; pero tuvo que ser el 19-N por la noche; así se hablaría menos de Franco y del insólito fallo del Tribunal Supremo que llegaría en horas. Con la ventaja añadida de que al salir en los telediarios imágenes de Cerdán, Ábalos, Koldo, y por supuesto de Pedro Sánchez, se intensificaba la ofensiva sobre el PSOE que pasa días amargos y de estupor por las acusaciones de corrupción a dirigentes como Ábalos y Cerdán que ocuparon la Secretaría de Organización. Ciertamente, Pedro Sánchez tiene grandes virtudes —o no estaría donde está, y ya dura siete años— pero Dios no lo iluminó en la selección de personal.

De modo que una noticia trata de tapar la otra y a su vez todas ellas tapan el origen del embrollo, que ya casi no recordamos: que un empresario, que mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconoció haber defraudado a Hacienda para pagar menos impuestos utilizando facturas falsas. Y que se intentó ocultar que era la Fiscalía la que recibió un correo de sus abogados para llegar a un pacto por el que el empresario evitaría la cárcel, y no al revés.

El asunto ha generado una onda expansiva porque, salvo el empresario que reconoció el fraude y que de momento se va de rositas, todo el mundo quedó bastante tocado: los periodistas ofendidos porque su testimonio, que absolvía al fiscal, fue desconsiderado por el Tribunal Supremo; los fiscales porque mostraron su división cainita que poco tiene que envidiar a la polarización política; el Colegio de Abogados de Madrid porque se presentó como acusación particular en vez de defender a sus asociados, según denunciaron algunos de ellos, como el catedrático Antonio Cuerda Riezu de la Universidad Rey Juan Carlos. Hasta la UCO de la Guardia Civil, que siempre genera admiración, cosechó en este caso una carcajada de los presentes al referirse a «investigaciones prospectivas», seguramente por agotamiento de sus argumentos probatorios.

Ese es el culebrón que tenemos en España que resultaría hasta cómico si no dañara la reputación de la Justicia, del Gobierno, de las instituciones y de los profesionales. Porque, tapar por tapar, quedó en segundo plano el viernes el acto del Rey en el Congreso renovando el vínculo de la Corona con la democracia. Don Felipe criticó allí la crispación y pidió concordia. Y Felipe González aseveró que hay que «preservar a toda costa la paz civil». Estremecedor mensaje.

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