El negocio de unos pocos

Las conversaciones grabadas a Pablo Gallart mientras era consejero delegado del Hospital de Torrejón de Ardoz, hospital gestionado por el grupo Ribera, en las que afirmaba la necesidad de aumentar las listas espera y otras medidas para así poder engrosar el beneficio económico gracias al concierto que mantiene con la Comunidad de Madrid por el cual realiza una gestión privada de recursos públicos, han hecho visible el comportamiento y el interés oculto que subyace debajo de la privatización de la sanidad pública madrileña bajo el auspicio de Isabel Díaz Ayuso.

En estos audios que se hicieron públicos hace unos días en realidad no se pudo escuchar nada que no se supiera. Me refiero a un doble aspecto. Por un lado, a un motivo económico. A lo largo de los últimos años en la Comunidad de Madrid se ha troceado poco a poco la sanidad pública madrileña bajo el eufemismo de la externalización, que en el fondo no es más que entregar una cantidad de dinero a un amigo o conocido para hacerle un favor por los servicios prestados o para asegurar su futura lealtad, o a una empresa privada para que un familiar entre a formar parte del organigrama de esta empresa, como es el caso de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Burnet González. Por otro lado, hay un factor ideológico en el sentido de que los servicios públicos se encuentran en el punto de mira de la derecha española, y de manera especial por la derecha madrileña, desde hace generaciones. Terminar con un sistema que iguala a los ciudadanos, el sistema sanitario público, ha sido desde la llegada de la democracia y la posterior Ley General de Sanidad de 1986, un objetivo de la derecha: se pretende con ello convertir un derecho básico en un elemento diferenciador y clasista así como en modelo de negocio del que se puedan enriquecer unos pocos.

Gracias a que uno de los jefes de servicio de este hospital grabó la solemne declaración del CEO del Hospital de Torrejón de Ardoz, que tuvo que dimitir poco después, desgranando la clara intención del grupo Ribera de concebir la sanidad como un negocio, también se ha podido saber, a partir de declaraciones del resto de personal, que se había dado la orden verbal de reutilizar material sanitario cuando fuera posible su lavado. Una empresa sanitaria que concibe a los pacientes como clientes tiene como objetivo reducir lo máximo posible los gastos que reducen sus beneficios. Cuando la Comunidad de Madrid construye un hospital con dinero público y lo entrega a una empresa privada como Quirón o Ribera para que se encargue de la sanidad de una determinada población lo hace sabiendo que estas empresas recortarán gastos en personal y en atención sanitaria. Hay, por tanto, una voluntad de desprenderse de un servicio público ya que se concibe la gestión sanitaria como un posible foco de problemas y, al mismo tiempo, una reducción de presupuesto público cuyo sobrante puede ser absorbido, por ejemplo, para rellenar los huecos que dejan la bajada de impuestos que la derecha tanto pregona para tapar su incapacidad de gestión de los servicios públicos.

La última noticia sobre la privatización de la sanidad pública madrileña ha sido el escándalo de la privatización de las ecografías del hospital La Paz adjudicando su realización a una clínica privada de la que es consejero Rafael Catalá, exministro del Partido Popular en Gobiernos de Mariano Rajoy. Resulta sorprendente la normalidad con que los votantes de Madrid están asistiendo a la destrucción paulatina de un servicio esencial sin que se echen las manos a la cabeza. En la Comunidad de Madrid existe un riesgo cierto de que en unos años el modelo sanitario sea el mismo que hay en países como EEUU, donde los seguros privados han convertido a la sanidad en una jungla en el que quien no tenga seguro privado es dejado en las puertas de un hospital sea cual sea su gravedad. Por no hablar del ya muy lejano excelente sistema sanitario inglés, modelo estudiado por los precursores de sistema de salud español, destrozado por el thatcherismo del años 80.

Las recientes manifestaciones y el conflicto abierto existente entre el colectivo médico y el Ministerio de Sanidad dirigido por Sumar es una prueba más de la delicada situación en que se encuentra nuestra sanidad pública. Acosada por la vorágine privatizadora de la derecha española, históricamente dirigida tanto en las CCAA como en los sucesivos Gobiernos democráticos por personas que no tenían ni idea de medicina, y siempre con un sistema que parece funcionar gracias a la entrega del personal sanitario, la sanidad española pública depende del modelo sanitario que los españoles quieran tener; un modelo privatizado o concertado en los que cuenta el dinero del paciente o un modelo público para el que la salud es lo primordial y que es mucho más eficiente que el privado.

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