La vivienda contra Sánchez

«El principal problema que tenemos en El Vendrell es el de todos, la vivienda», dice su alcalde. Es difícil negar a Sánchez que la economía y el empleo van bien, que el aumento del salario mínimo y de las pensiones con el IPC han tenido un positivo efecto sobre el poder de compra de muchos españoles, que las empresas tiran y que el Ibex ha sido el índice europeo que más se ha revalorizado (50% el 2025).

Pero hay una extendida sensación de que —pese a ello— la desigualdad no se corrige. Y la razón principal es el aumento del precio de la vivienda —de compra y de alquiler—, que los últimos años se ha disparado. Su primera causa es el aumento de la demanda de vivienda, por el incremento de la población y porque crecen los hogares unifamiliares, mientras que la oferta está estancada. Sánchez no tiene culpa de lo primero, pero sí de que la oferta —especialmente la de alquiler— no haya crecido.

¿Por qué? La idea de proteger a los más débiles es encomiable y lógica en un gobierno progresista. Y la pandemia y el disparo de la inflación (más del 10%) impulsaron a congelar los alquileres y a proteger a los «vulnerables» frente a los desahucios. Pero lo que en su momento eran medidas oportunas se han convertido en permanentes. Y el dogma —espoleado por los aliados de izquierdas y por el buenismo social— es que «cuando el mercado falla, el Estado debe intervenir». Vale, correcto, pero el fallo en España no ha sido del mercado, sino del Estado y las administraciones. Por eso somos el país europeo con menos vivienda pública. Y el Estado no solo no ha hecho vivienda, sino que la escasez de suelo, la lentitud administrativa, la externalización de las ayudas sociales y el control de alquileres como jaculatoria han hecho que el sector privado tampoco haya sido eficiente.

Y en 2023 —antes de las elecciones— el Gobierno hizo una ley de vivienda (muy condicionada por Sumar) con dos graves errores. Uno, era para toda España, pero, al no pactarla con el PP, fue inaplicable en aquellas autonomías —la mayoría— en las que el PP ganó las autonómicas. Dos, no modificó la ley del suelo y lanzó la idea de un control de alquileres permanente —más la externalización de la ayuda a los vulnerables— que hizo que muchos propietarios huyeran del alquiler.

Y ahora nos encontramos ante un infierno cuando unas 600.000 familias tendrán que renovar sus contratos de alquiler porque finalizan los de hace cinco años y muchos inquilinos —no en Cataluña, donde rige la ley de 2023— se enfrentarán a subidas que pueden rondar el 30%. Una bomba que el Gobierno no sabe cómo desactivar.

Sumar y la izquierda del PSOE quieren volver a congelar por ley los alquileres. Pero la congelación es, a lo sumo, pan para hoy y hambre para mañana. Y repetir lo que se hizo en situaciones muy excepcionales puede ser inconstitucional al vulnerar el derecho de propiedad. Además, no hay mayoría parlamentaria para hacerlo porque —aparte de Vox— el PP, Junts y el PNV votarían en contra. Sería solo un brindis al sol, como la reducción de jornada de Yolanda Díaz. Pero con un mayor desencanto social.

El Gobierno Sánchez presume de otra solución. Subir del 50 al 100% la deducción fiscal de los alquileres a aquellos propietarios, pequeños o grandes tenedores, que no suban los alquileres. Así, los propietarios no saldrían perjudicados y los arrendatarios no verían subir los alquileres. ¿Todos contentos? El problema es que Sumar está en contra porque cree que los propietarios (muchos de clase media, e incluso media baja) son solo zánganos y no lo votarán en el Congreso de los Diputados. Así, el anunciado decreto Sánchez tampoco será factible. Salvo…, salvo que el PP lo vote, lo que dada la demonización mutua entre Sánchez y Feijóo parece una carta a los Reyes Magos.

El alcalde socialista de El Vendrell tiene razón. La vivienda es el gran problema. Y de difícil solución. Las administraciones públicas —si lo hacen— tardarán en construir. El buenismo contra el mercado es casi una estupidez. Y en un Estado autonómico —con las competencias de vivienda compartidas— es obligado un mínimo acuerdo entre los dos grandes partidos.

¡Sánchez, tenemos un problema! Y buena parte de la culpa es tuya.

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