La convivencia entre el taxi y los VTC

La movilidad urbana experimenta un momento de crisis tras la llegada hace años del sector VTC (vehículo de transporte con conductor) que compañías como Uber, Bolt o Cabify han asentado en diversas ciudades y que entra de lleno en competencia con el taxi, un modelo empresarial más libre frente a uno con mayores regulaciones. El pasado martes, decenas de taxistas colapsaron la avenida de Alfonso Molina para protestar por lo que consideran una competencia ya no desleal, sino ilegal por parte de los primeros, a los que acusan de realizar trayectos dentro del propio ayuntamiento coruñés, cuando solo se les permiten carreras intermunicipales.

La regulación de estos servicios afecta a dos ámbitos: autonómico y municipal. Es la Xunta la que debe autorizar los permisos interurbanos y una vez concedidos estos, cada ayuntamiento, de acuerdo con la Ley 10/2023, puede conceder autorizaciones para operar dentro de los límites de su territorio, algo que está sucediendo, denuncian los taxistas, de forma habitual, pese a no estar permitido todavía. Galicia cuenta con 758 autorizaciones interurbanas en la actualidad.

El Concello de A Coruña se ha decidido por fin a regular esta cuestión a través de una ordenanza propia, si bien todavía falta concreción sobre el horizonte temporal de su aprobación. De momento, solo ha abierto un procedimiento de consulta pública para recabar ideas y opiniones que guíen la redacción de la norma sobre un asunto que genera una gran conflictividad sectorial, como demuestra no solo la protesta del martes, sino otras previas, como la del pasado noviembre.

De hecho, el Ayuntamiento ha anunciado la notificación de las sanciones a los conductores VTC que hayan sido cazados operando dentro del propio municipio. Fuentes municipales cifran en 174 las actas remitidas por la Xunta, pero en una respuesta escrita al PP asumía que entre 2024 y 2025 solo habían tramitado dos multas.

Más allá de la necesidad de sancionar con mayor diligencia a quienes se saltan la norma, dejación reconocida de forma implícita por el Concello al anunciar que comenzará a tramitar esos castigos económicos, el fondo del debate no se ha abierto y afecta al tipo de movilidad que queremos en nuestra ciudad y a garantizar un servicio de transporte en coche eficaz y seguro.

Hasta ahora, esa responsabilidad había recaído en el taxi, pero resulta cada vez más habitual comprobar la falta de oferta en las paradas en una sociedad impelida por la urgencia. Pero a la vez, también envejecida, con un amplio porcentaje de población que puede requerir un transporte a una cita hospitalaria y que se encuentra con que no existe un taxi en su parada.

Los precios también resultan otro elemento diferencial entre las ofertas VTC y los taxis, donde el coste de las carreras depende del tráfico, algo cerrado en el primer caso, si bien en momento de gran demanda suelen dispararse, como se demuestra ante grandes acontecimientos. Aun así, los primeros garantizan en muchos casos acudir a la llamada de un cliente frente a la incertidumbre de poder contar con un taxi cuando es necesario.

Abordar este tipo de cuestiones de fondo, con todos los implicados en la mesa exponiendo sus argumentos, debería guiar la elaboración de una ordenanza que garantice los derechos de los ciudadanos y satisfaga las reclamaciones de todas las partes, evitando protestas, pérdida de derechos laborales y la garantía de que los ciudadanos gocen de un servicio de transporte eficiente.