Un SAF viable, pero también seguro

El pasado martes, la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la agrupación de los concellos de la comunidad, firmaron un acuerdo que pretendía poner fin a la crisis de financiación que sufre el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), la prestación consistente en la visita de cuidadoras (es un sector feminizado casi al 100%) que ayudan a dependientes en sus tareas cotidianas, desde levantarse a asearse, comer o realizar tareas domésticas.

Los ayuntamientos siempre han mantenido que los fondos aportados por la Consellería de Política Social resultaban insuficientes, pero la situación tornó crítica a partir de junio de 2022, cuando la Audiencia Nacional dictaminó la obligación de que las empresas que presentan ese servicio incrementasen el salario de su personal un 6,5% de golpe, aplicando el convenio que obligaba a repercutir en sus nóminas el índice de precios al consumo (IPC). El año siguiente la subida fue del 5,5%.

Desde entonces, las empresas fueron elevando el precio cobrado a los ayuntamientos en los nuevos contratos, pasando de una media de 19 euros por hora de atención en 2019 a los 25 que figuran en las nuevas adjudicaciones. Algunas empresas incluso renunciaron a sus contratos ante la imposibilidad de los municipios donde prestaban servicio a elevar su aportación, lo que los obligaba a trabajar a pérdidas debido a la subida salarial para mantener el poder adquisitivo de su plantilla, evidenciando un problema de fondo.

La Consellería de Política Social aumentará la partida destinada a los ayuntamientos de los 12 euros/hora actuales a 16, cifra que será de 17 en 2027 y de 18 en 2028. El esfuerzo, sin embargo, resulta insuficiente para consistorios pequeños, ahogados por un SAF que en un contexto de población envejecida y dispersa en el rural no hace sino absorber cada vez más dinero.

Aun así, el acuerdo supone un paso adelante para garantizar la prestación de un servicio que reciben 23.000 dependientes al amparo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de 2006.

Sin embargo, se echa en falta en el debate abordado entre Xunta y Fegamp un capítulo dedicado a garantizar la seguridad de las cuidadoras, víctimas de habituales abusos sexuales y episodios intimidantes por parte de usuarios del servicio —tanto en pleno uso de sus facultares como con problemas degenerativos— y de familiares de estos.

LA OPINIÓN dio voz a la denuncia de este colectivo el pasado jueves para evidenciar la necesidad de establecer un mecanismo que blinde su seguridad, teniendo en cuenta que acuden solas a los domicilios de los usuarios y en muchos casos estos se encuentran en casas unifamiliares alejadas de los vecinos, incrementando el riesgo ante episodios como los que denuncian.

No es la primera vez que desde este periódico se denuncia la vulnerabilidad de este colectivo de cuidadoras y no será la última si se mantiene un modelo que favorece situaciones que ponen en peligro no solo su integridad física, sino también moral.

En un momento de análisis de costes, resulta inaplazable abordar también posibles salvaguardas para un colectivo imprescindible en los cuidados de una sociedad como la gallega, donde el envejecimiento condiciona todos sus servicios sociales.

Galicia necesita un SAF viable, pero también seguro para quienes cuidan de nuestros mayores.