¿Es la mejor manera de regularizar?

España, como el resto de países de la UE, necesita incorporar inmigrantes por razones demográficas pero también económicas. La mayoría de los europeos, además, consideran que la inmigración es también parte del acervo legal del viejo continente. Nada de esto significa que la población sea inconsciente del reto que plantea acoger en condiciones a esos nuevos ciudadanos, especialmente cuando se produce la concentración de población vulnerable y de distintos orígenes culturales en territorios con los servicios públicos al límite. Por todo ello, quienes estamos a favor de la inmigración, somos los primeros interesados en que se haga bien, para no dar pábulo al populismo. Y demasiadas veces el populismo de Podemos alimenta al de Vox.

El Gobierno ha pactado con Podemos la regularización de 500.000 inmigrantes que llegaron a España hasta diciembre del 2025. Los requisitos son que puedan acreditar cinco meses de residencia y que no tengan antecedentes penales. Las regularizaciones masivas no arreglan casi nada, pero son una salida factible al bucle de las personas que tienen un cobijo, están dadas de alta en el sistema de salud y trabajan en negro porque no tienen papeles. Lo preocupante es la manera cómo se va a realizar esa regularización a través de una modificación del reglamento de extranjería, un trámite que no necesita pasar por el Congreso. Eso sí que puede resultar problemático: primero porque dará pie a todo tipo de recursos que devolverá a los beneficiados a ese bucle legal que les deja a merced de mafias y de empresarios y caseros desaprensivos. Segundo, porque esta es una política que debería buscar el máximo consenso, porque dar la residencia es un compromiso del Estado con esas personas con independencia de quien gobierne. Y tercero, porque esa regularización comporta un ajuste de los servicios públicos en ayuntamientos en los que gobiernan diversos partidos y no solo del PSOE y Podemos.

El camino elegido pone en evidencia además el momento del actual gobierno. Eludir al Congreso en un asunto como este es hacer un flaco favor a las políticas sensatas de inmigración. Dejar que lo presente Podemos cuando no se necesita ni sirve para nada su apoyo a una decisión que es exclusiva del Consejo de Ministros no es más que un otro postureo para simular que se tiene una mayoría que ni es social ni es efectiva para gobernar. O es que estamos solo ante un sustitutivo de la visa oro.

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