Las redes sociales y los menores

Hace una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió con la propuesta de reformar las normas españolas para vetar el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, un anuncio disruptivo en medio de la polémica sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz, pero también una espita abierta por Australia para proteger a los niños y adolescentes de este fenómeno. Como siempre que se produce un anuncio de este tipo, hallar espacio para el debate sosegado en medio del ruido amplificado por esas propias redes constituye un desafío.

Sánchez consideró el espacio virtual que está representado por X, Facebook, Instagram, TikTok y el resto de plataformas «una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido», unas palabras que fueron respondidas con un mensaje crítico enviado a los usuarios en España de Telegram por parte de su fundador, Pável Dúrov, a lo que se unieron los despropósitos de Elon Musk, propietario de X, que desde que adquirió esta red antiguamente conocida como Twitter, se ha polarizado al extremo. «Están matando España», espetó el multimillonario.

Acceder a este tipo de plataformas evidencia la necesidad de abordar este debate, donde la apelación a la libertad de expresión choca con el control que aplican estos tecnócratas del siglo XXI, quienes coartan ese principio mediante el uso de los algoritmos que controlan los mensajes que llegan a cada usuario. Nada más lejos de la libertad que eso.

La discusión seria entre expertos y los estados de la Unión Europea debería resultar prioritaria porque nos adentramos en una nueva era política, donde los principios democráticos están siendo pisoteados en países que supuestamente representan la libertad en el mundo, caso de Estados Unidos, y donde las redes se usan de manera masiva para lanzar bulos que acaban alterando votaciones y estados de opinión, justificando asesinatos del servicio de inmigración estadounidense o publicando imágenes pornográficas de menores alteradas mediante inteligencia artificial.

En este sentido, el impacto sobre los menores resulta significativo y, como siempre sucede ante un problema complejo, la solución no se presenta sencilla ni rápida. En el fondo, la educación en los hogares y escuelas resulta capital, fomentando el espíritu crítico sin que ello sea considerado «adoctrinamiento», sino la formación de ciudadanos con criterio propio.

Más de 21.000 adolescentes gallegos reconocen un uso «problemático» de las redes sociales, que les generan una sensación de adicción que puede lastrar no solo su rendimiento académico, sino sus propias relaciones familiares. Si bien reducir esos riesgos compete a las familias en cada caso, al Estado, entendido como se llegó a considerar la res publica, le corresponde establecer unas condiciones propicias para un desarrollo sano de nuestros jóvenes, donde crece, por ejemplo, el debate sobre si la democracia es necesaria o si los gobiernos autoritarios resultan positivos.

El debate abierto por la propuesta de Sánchez debe ir más allá del uso de las redes para defender con vigor los principios que han convertido a este país —y a la Unión Europea— en uno de los espacios que mejor calidad de vida ofrece del mundo. Y esa es tarea de todos.