El futuro de la antigua cárcel

Uno de los lugares de mayor relevancia simbólica de la ciudad languidece ante la mirada eterna de la Torre de Hércules sin que ninguna administración haya conseguido desbloquear por completo su situación y ofrecer un proyecto de recuperación integral y satisfactorio. La antigua cárcel de A Coruña cumplirá un siglo el año próximo tras ser puesta en funcionamiento en 1927 y albergar durante décadas a presos comunes y a represaliados de la dictadura.

Las negociaciones entre los diferentes gobiernos centrales y municipales desde comienzos del milenio —con diferentes siglas— han encallado constantemente bien en los despachos, bien en los juzgados, permitiendo un deterioro de tal dimensión en el inmueble que el pleno municipal aprobó, a propuestas del BNG, abrir al Ejecutivo central un expediente sancionador por el mal estado del penal, un castigo económico que se ha congelado por el momento para engrasar el intento de desbloquear la situación que han acometido por fin el Ayuntamiento y la Siepse (la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado), que es la titular del histórico edificio.

Como desveló LA OPINIÓN A CORUÑA, ambas partes se sentaron el pasado febrero a la mesa para retomar la negociación sobre la cesión del penal a manos municipales. La presidenta de la Siepse, Sofía Hernanz, y el teniente de alcalde José Manuel Lage protagonizaron el encuentro y prevén celebrar otro en unas semanas, un movimiento que pretende desanudar un conflicto nacido de 2005.

Entonces, el alcalde Francisco Vázquez firmó un convenio para recuperar el edificio a cambio de la cesión al Gobierno de una parcela y millón de euros, pero en la siguiente década los gobiernos locales de PP y Marea Atlántica se negaron a pagar por considerar perjudicial el acuerdo y el asunto fue enredándose en los juzgados, poniendo al Concello ante el riesgo de tener que abonar una cantidad que rondaría los 14 millones. La justicia, sin embargo, ha anulado aquel antiguo convenio, fallo recurrido por la Administración central.

El paso dado ahora resulta esperanzador, a pesar de lo incomprensible que resulta para la población comprobar el deterioro del inmueble y la incapacidad de los poderes públicos para darle un uso constante que revitalice el edificio, ofrezca servicios a los vecinos y contribuya a dinamizar una zona a escasos metros de la Torre, además de recordar y honrar a las víctimas de la represión franquista.

Concello y Siepse aspiran a firmar un acuerdo que ponga fin a la lucha en los juzgados y que satisfaga a ambas partes, ofreciendo una solución estable y que perdure en el tiempo para un penal que durante unos años albergó actividades de inserción social. El modelo pactado debería ser más ambicioso, pero somos conscientes de que requerirá una gran inversión para su rehabilitación, primero, y su dotación de equipamientos, después. Por ello, urge que las administraciones aporten ingenio, además de voluntad, y hallen fórmulas de financiación para acometer una obra que saldaría una enorme deuda con la ciudad y sus vecinos.